Ya se adelantan algunos 'no'

El Gobierno plantea "blindar" la vivienda pública, una "solución compartida" sobre migración y negociar la deuda autonómica

¿Por qué es importante? Se tratan de los tres pilares bajo los que se desarrolla la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Santander y que reúne a los dirigentes autonómicos con parte del Ejecutivo central.

El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, preside la reunión de la XXVII Conferencia de Presidentes este viernes en el Palacio de la Magdalena, en Santander.

Vivienda, migración y financiación autonómica son los asuntos que copan la Conferencia de Presidentes que este viernes reúne en Santander al Gobierno de Pedro Sánchez con el resto de presidentes autonómicos, aunque sin visos de acuerdo. A pesar de que el presidente ha hecho una defensa de la "unidad territorial" tras la foto de familia, el Partido Popular (PP) ha criticado haber acudido al encuentro sin un orden del día.

Antes de arrancar el encuentro, las sensaciones ya no eran optimistas. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, afeaba que el PP acudía "con un frente común", por lo que admitía ser "absolutamente pesimista" para sacar algún acuerdo adelante. En esa línea, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguraba tener "pocas expectativas".

Lo cual si bien no ha evitado que el Ejecutivo lo haya intentado presentando sus propuestas, unas más concretas que otras, en los ámbitos mencionados. En primer lugar, ha llegado la propuesta del Gobierno en torno a la problemática que supone el acceso a la vivienda en España, sobre todo para los más jóvenes. Con el fin de paliarlo, el Ejecutivo de Sánchez propone a las regiones blindar la vivienda pública, una reforma del Ley del Suelo y que cumplan con la Ley de Vivienda.

En concreto, Sánchez plantea blindar el "carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible", pues así se puede asegurar "que el parque público de vivienda asequible siga creciendo y llegue al 20% que tienen los países europeos más avanzados en este tema".

También se busca la construcción de vivienda asequible a través de una reforma de la Ley del Suelo "que ofrezca más seguridad jurídica a los ayuntamientos a la hora de modificar sus planes urbanísticos", así como "adaptar la normativa actual al reto del cambio climático".

Respecto a otras normas, el Ejecutivo pide que las autonomías cumplan la nueva y polémica Ley de Vivienda, pues sus "herramientas están dando buenos resultados allí donde se aplican y están contribuyendo a reducir el precio de los alquileres", como es el caso de Cataluña donde gobierna el PSC de Salvador Illa.

Punto que, sin terminar el encuentro, fuentes del PP de Galicia que lidera Alfonso Rueda ya han descartado a laSexta que vayan a aplicar la norma, puesto que a sus ojos se "reduce el número de viviendas". Rechazo que también comparte el presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, según ha adelantado.

La financiación, lo más conflictivo

Precisamente, fue el acuerdo de investidura de Illa con ERC el que generó un gran revuelo y críticas entre barones 'populares' y socialistas al comprometerse a una financiación singular para la región catalana. De hecho, toda esta polémica provocó que muchos exigieran la convocatoria de un Consejo Fiscal que este viernes el Gobierno ha anunciado tendrá lugar en enero.

Una reunión que contará con el objetivo de impulsar la condonación de la deuda de las comunidades autónomas. Una quita que el barón castellanomanchego, Emiliano García-Page, ha recordado que "las comunidades autónomas infrafinanciadas" llevan pidiendo "años". De hecho, exige que se reconozcan como tal, tanto la que dirige como las de Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana. No obstante, advierte que habrá que ver "si esa quita es de verdad para todos y los criterios" por los que se otorgará.

Otro de los primeros en pronunciarse respecto a esta cuestión, ha sido el mismo president Illa quien ha sostenido que lo que desean es "una financiación solidaria con el resto de España", al tiempo que ha advertido de que no aceptará "lecciones de solidaridad de quienes practican la insolidaridad fiscal".

Unas palabras que hacen referencia a los barones 'populares' a los que tanto se les ha criticado por insolidarios desde el Ejecutivo de Sánchez: "No encontrarán al Gobierno de Cataluña en el choque y la confrontación. Sí en los espacios de cooperación y compromiso", ha subrayado el líder del PSC.

De hecho, minutos después se ha conocido la firme negativa de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, durante el encuentro del que hace de anfitriona. Allí ha destacado delante del Ejecutivo, así como de sus homólogos en otras regiones, que una cosa es la "solidaridad" y otra "los privilegios a la carta". No obstante, asegura creer "honestamente" en la posibilidad de alcanzar un "acuerdo de mínimos en esta materia".

Y es que el anuncio del Consejo Fiscal ha llegado a la Conferencia de Presidentes acompañado de otras dos propuestas en términos de financiación. Por un lado, plantea acordar entre todas las autonomías "un nuevo modelo de financiación autonómica que concilie la multilateralidad y la bilateralidad", pero que también "blinde la solidaridad entre territorios, y garantice que todas las regiones reciban más recursos de los que reciben" en estos momentos.

Además, el Gobierno propone a las regiones "que reprogramen una parte de los fondos europeos de cohesión FEDER y FSE+ para dar a los territorios afectados por la DANA una línea adicional de ayuda". Una opción para que se vean reforzadas "las medidas ya adoptadas por el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat Valenciana para reconstruir y relanzar la economía de los territorios afectados" por aquella trágica riada que deja más de 220 víctimas mortales.

País Vasco, Canarias y un acuerdo para la migración

El Ejecutivo de Sánchez también ha puesto sobre la mesa algunas cuestiones en torno a la migración. Por un lado, ha pedido a las autonomías que "se sumen a una política migratoria responsable y solidaria, basada en la ciencia y no en los prejuicios, y responsable con las necesidades demográficas y laborales de nuestro país", así como "acordar de una vez una solución compartida al problema del reparto de los menores no acompañados".

Por otro lado, el Gobierno de Sánchez pide a las regiones que "se unan a las iniciativas del Gobierno de España para fomentar la migración regular, sumándose a los acuerdos internacionales de migración circular". Una iniciativa que Sánchez defendió a capa y espada en su gira por el continente africano y en la que se planteaba la contratación en origen de migrantes.

Unos planteamientos que no se presentan tan concretos, como los contemplados en el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo del País Vasco y el de Canarias y que han asegurado que plantearán en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Santander. En él se contempla, entre otras medidas, la elaboración de un Plan Estratégico de Migración.

Además, insisten en "un modelo de distribución mediante una nueva fórmula basada en cinco indicadores" como es la "población total; acogida (media de menores acogidos por 100.000 habitantes los últimos seis meses); PIB per cápita; Desempleo; Solidaridad (menores acogidos los últimos cinco años)".

A por la siguiente

A pesar de los desacuerdos, en esta ocasión ha habido pleno de asistencia. Al contrario que en la anterior, celebrada hace tres años, a la que no acudió el expresident catalán Pere Aragonès. De hecho, solo ha faltado el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, por un problema personal, aunque le ha sustituido su número dos.

Todavía en marcha la cumbre, el andaluz Juanma Moreno ha pedido salir este viernes de la Conferencia de Presidentes con la fecha para la siguiente, mientras que el president Salvador Illa ya ha ofrecido Barcelona para ese posible, o no, próximo encuentro.