Garantizar que los centros de salud den las citas médicas que no sean urgentes en menos de 48 horas es una de las propuestas del Plan Estratégico de atención primaria, impulsado por el Ministerio de Sanidad con el objetivo de afrontar los problemas y retos de este nivel asistencial.

Una medida que se podría implementar durante este año, según recoge el documento, y que los consejeros autonómicos analizarán mañana en el Consejo Interterritorial de Salud, que presidirá la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo. El documento establece seis estrategias con acciones a corto plazo (se iniciarán este año), a medio plazo (2020) y a largo plazo (2012), pero no menciona el impacto presupuestario de las medidas.

Facilitar el acceso de los médicos y pediatras de atención primaria a pruebas diagnósticas en similares condiciones a las que tienen los profesionales hospitalarios es otra de las medidas. El borrador apuesta también por lograr que en el año 2022 no haya cupos por encima de 1.500 pacientes asignados a cada médico y de 1.000 por pediatra, "con un margen máximo del 10 %". Actualmente la horquilla se mueve entre los 2.000 en áreas urbanas y los 300 en zonas rurales.

Plantea también lograr una dotación de recursos necesaria para que las urgencias de baja y moderada complejidad puedan ser resueltas en atención primaria. Una Oferta Pública de Empleo (OPE), al menos bienal, con el fin de alcanzar progresivamente y mantener una tasa de temporalidad inferior al 8 %, e identificar Zonas Especiales de Salud, a ser posible acordada entre las comunidades, para la contratación de profesionales, son otras de las acciones.

Además, propone establecer un plan de sustituciones de profesionales ampliando horarios de forma voluntaria y retribuida, así como que se oferten contratos de al menos dos años a los residentes que finalicen el periodo de formación.

Incluir en la historia clínica digital los condicionantes sociales y de contexto familiar de todos los pacientes y desarrollar sistemas de alerta para la detección de personas en las que esté incompleto el registro del calendario vacunal, existencia de alergias o infección por bacterias resistentes son también acciones del plan.

En la elaboración del documento han participado tres grupos de trabajo: uno de profesionales, otro institucional (a propuesta de las comunidades y del ministerio) y otro de usuarios/ciudadanía (asociaciones de pacientes, de consumidores, vecinales...). Castilla y León es la única Comunidad que se ha pronunciado sobre el documento a través de una carta remitida por su consejero de Sanidad, Antonio Sáez, a la ministra Carcedo, en la que le traslada el "no" de esta comunidad al plan.

En la misiva, Sáez señala que "el borrador obvia algunas cuestiones que deben ser imprescindibles", como el modelo que se quiere en atención primaria, que debe ir más allá de una "acumulación de medidas más o menos adecuadas", el peso que debe tener en el Sistema Nacional de Salud o los cambios normativos necesarios, "a los que no se hace ninguna referencia".

Tampoco el Sindicato de Enfermería, SATSE, respalda el Plan "porque no contempla las medidas y acciones necesarias para mejorar la seguridad y calidad en la atención que prestan las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas en este ámbito asistencial", señala en un comunicado.