Fuentes del Ejecutivo se han referido de este modo a la decisión del expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y del también diputado y exconseller Jordi Turull, de comunicar a la dirección del centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) que inician una huelga de hambre.
La comunicación de Sànchez y Turull es la confirmación del anuncio del inicio de una serie de protestas de los independentistas presos con el objetivo de mantener e incrementar la presencia internacional de sus reivindicaciones, según ha explicado la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, y para denunciar lo que ellos consideran "falta de imparcialidad" de la Justicia española.
El Gobierno ha replicado que los dirigentes independentistas cuentan con la protección y las garantías que les ofrece el Estado de derecho. "Como todos los ciudadanos sometidos a la ley y protegidos por las leyes, en nuestro Estado de derecho los dirigentes independentistas van a tener un juicio justo", han recalcado las fuentes.
También han hecho hincapié en que el Poder Judicial "es independiente y se hará justicia". "Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la Justicia es la única que puede dictar sentencias", han apostillado.