El Ministerio del Interior ha reiterado este miércoles "su más firme respaldo" a la actuación de la Guardia Civil el pasado 24 de junio en el salto masivo de la valla de Melilla en el que murieron al menos 23 migrantes, y ha remarcado que actuó "de forma proporcional, ajustada a la legalidad y firme" ante un intento de asalto violento a integridad territorial de España.

Lo ha hecho tras la publicación deun reportaje de la BBC sobre lo ocurrido en la frontera entre Melilla y Nadoren el que la cadena británica asegura que la Policía española vio y no impidió que decenas de migrantes murieran en el perímetro fronterizo. En el filme se ve a gendarmes marroquíes arrastrando cuerpos, algunos sin vida, muy cerca de la valla a territorio marroquí. Interior asegura que eso se produjo en suelo marroquí. Sin embargo, el documental denuncia que no, que estaban en una zona controlada por las fuerzas de seguridad españolas.

Las asociaciones que trabajan allí comparten la versión de la BBC. "Es territorio español, no hay más que ir y ver que está la alambrada y el espacio donde ocurrió todo, que es como una especie de corral", señala José Palazón, presidente de la asociación Prodein.

Marta Llonch, abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), coincide. "Podemos ver en los vídeos cómo arrastran los cuerpos desde territorio español hasta territorio marroquí", señala. Palazón insiste en que se está descargando la responsabilidad en otro sitio, donde se sabe que, posiblemente, nunca vaya a haber una investigación seria.

Al mismo tiempo, el documental de la BBC hace hincapié en unas imágenes en las que aparecen gendarmes marroquíes en el lado español haciendo devoluciones en caliente. Sin embargo, según una sentencia del Tribunal Constitucional, las devoluciones son legales si se hacen mientras el intento de salto se está produciendo.

Pero desde las ONG's insisten en que es algo matizable y que eso no quita que se tengan que seguir una serie de protocolos. "Con un pleno control judicial y un respeto de las obligaciones internacionales", añade Llonch. Una comisión del ministerio interior se desplazará a Melilla el próximo día 7 para analizar la situación.

Mientras tanto, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a reafirmar este miércoles que las muertes de migrantes en la frontera con Melilla del pasado 24 de junio son "hechos gravísimos" que han de investigarse. Díaz ha recalcado que mantiene "exactamente lo mismo" que cuando acontecieron estos "hechos luctuosos", al subrayar que los derechos humanos "no son relativizables" y que, ante la gravedad de lo acontecido debe ser investigado.

Ya el pasado 14 de octubre el Defensor del Pueblo consideró en las primeras conclusiones de su investigación que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en frontera a 470 personas durante el intento de salto en la valla de Melilla.

Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska creen que es "decepcionante y sorprendente" que se hagan acusaciones "de gran gravedad sin el sustento de ninguna prueba" y subrayan que "absolutamente nadie, ni la Guardia Civil, ni la Gendarmería, ni la Fiscalía General del Estado, ni el Defensor del Pueblo ni las autoridades marroquíes sostienen que las muertes tuvieron lugar en territorio nacional".

Desde Interior señalan que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán defendiendo las fronteras de España "con la misma profesionalidad, ejemplaridad y sujeción a la legalidad".

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha lamentado la "crisis humanitaria y dramática que ocurrió aquellos días" en "una de las fronteras más desiguales del mundo" y ha mostrado su "confianza en las instituciones españolas.

"Quiero recordar que está en investigación, que la Fiscalía ha instado una investigación y vamos a esperar sus resultados", ha dicho en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Además, Jucil, la asociación profesional mayoritaria entre los guardias civiles, recuerda que el uso de cámaras personales facilitaría "saber la verdad" en situaciones como la vivida en el salto a la valla de Melilla el pasado 24 de junio y reclama que se facilite a los agentes llevarlas durante sus intervenciones. "Es una fórmula eficaz para facilitar a los jueces y a la sociedad el conocimiento de la verdad", añade.