El Gobierno ha decidido en el último momento retirar el proyecto sobre la ley del Suelo que hoy estaba previsto debatir en el pleno del Congreso de los Diputados. La iniciativa, que se aprobó en marzo en Consejo de Ministros, llegaba a la Cámara baja con muy pocos apoyos, con el rechazo del socio de Gobierno, Sumar y de los socios de investidura. Así, los socialistas han decidido aplazar por el momento la norma.

La reforma de la Ley del Suelo pretendía remediar que los planes de ordenación urbanística municipales decaigan en su totalidad por defectos formales que no sean sustanciales. Los socialistas estaban dispuestos a aceptar enmiendas parciales de los grupos y negociar con todos los partidos, incluido el PP. Junts, ERC y Podemos habían presentado enmiendas a la totalidad, que iban a ser apoyadas por Sumar. Así, para que el texto superara el debate, las enmiendas a la totalidad, que serían votadas a la vez, deberían encontrarse con el rechazo del PP.

Pero el PP advertía este miércoles de que podía no apoyar la ley. Así, el Gobierno ha decidido retirarla del debate de manera oficial a primera hora de la mañana. De esta forma, los socialistas evitan una nueva derrota parlamentaria en apenas tres días, tras la de la norma sobre el proxenetismo.

Fuentes del PSOE a laSexta cargan contra los 'populares' por "priorizar su intereses electoralistas" y por "no comportarse como partido de Estado". También admiten que hay malestar con Sumar y recuerdan que esto nunca había pasado con Pablo Iglesias. "En el gobierno se está para bien y para mal, y a veces hay que tragarse sapos", añaden. Aseguran también que Sumar puso peros en el Consejo de Ministros, pero explican que nunca dijeron que iban a votar en contra. Así, achacan su posición al pulso que tienen con Podemos en esta campaña.

Desde Sumar, su portavoz en el Congreso, Iñigo Errejón, ha celebrado la decisión del Ministerio de Vivienda de retirar la reforma ante la falta de apoyos y ha advertido al PSOE de que, "cuando se pone en manos del PP, pasan estas cosas". "El PSOE impulsó una ley que sabe que no contaba con nuestro apoyo. Así lo manifestamos en el seno del Gobierno y la trajo, deprisa y corriendo", ha reprochado señalando además que su socio de Gobierno "aspiraba" a sacar esta norma con el PP.

Errejón ha remarcado que desde su formación son "firmes" y la prioridad para esta norma debería ser la lucha contra el cambio climático y facilitar el acceso a la vivienda. "No somos sólo nosotros que somos socios de Gobierno, el conjunto de los socios de la investidura manifestaron hace tiempo que este proyecto de ley se parecía más a los del PP y que, por tanto, si salía, salía con el PP", ha incidido.

El portavoz de Sumar ha abogado por negociar y mejorar el texto porque, según él, en los gobiernos "no se está para permanecer, se está para transformar las cosas" y su formación, para esto es "fiable y siempre llega hasta el final". "No se avanza confiando en el PP, se avanza confiando en sus propias fuerzas y en sus propias mayorías", ha incidido.

En la misma línea se ha manifestado la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quien a través de su cuenta de X, ha recordado que desde su formación lo dijeron "hace meses". "Esta Ley del Suelo es especulativa y no protege el territorio, evitar la nulidad de planes urbanísticos genera inseguridad jurídica y efectos perjudiciales para el interés público", ha remarcado y ha abogado por avanzar en una política de vivienda "verde" que cuide las ciudades.

¿Qué planteaba la reforma?

La nueva norma pretende que, si hay un defecto formal en un plan urbanístico, no se anule todo ese plan, como sucede con la legislación actual, sino que haya oportunidad de subsanar ese aspecto o anular solo ese aspecto, ya que el proceso para dar a luz a un plan general de ordenación urbana conlleva años, puesto que se recaban propuestas de todas las administraciones territoriales competentes y también de los ciudadanos para "acabar en la papelera por un simple defecto formal".

Al anularse ese plan, se aplica el anterior, lo que supone una planificación desfasada que puede no corresponderse con las necesidades actuales de las ciudades. "Lo que intentamos es dotar de la seguridad jurídica suficiente y necesaria", destacaron estas fuentes.

Además, explicaron que en las últimas décadas vienen actuando despachos de abogados especializados en interponer recursos contra defectos de planes urbanísticos con el objetivo de "amenazar a ayuntamientos" y "paralizar" un determinado plan "a cambio de lo que fuere", y esta práctica "espuria" incluso disuade a los ayuntamientos de actualizar sus planes. Indicaron que hay más de 100 planes que se han anulado a los que se suman los que no se quieren actualizar por esta inseguridad jurídica.

Desde Vivienda aclararon que, si el defecto en un plan es sustancial, corresponde una nulidad de pleno derecho de todo el plan, pero si no es sustancial, se busca poder que sea una nulidad parcial con la posibilidad de subsanarlo. Aseguraron que no se busca favorecer liberalizaciones de suelo ni "pelotazos urbanísticos", sino "evitar prácticas espurias".

Otro de los objetivos de la reforma es evitar la nulidad en cascada, que es aquella que se produce sobre todos los actos que se hubieran realizado con posterioridad a un plan que ha sido anulado. Para limitar esta cascada, se establece la nulidad de lo vinculado con el error que se haya producido y no anular todo. Para la nueva ley del suelo se ha previsto un régimen transitorio, de manera que aquellos casos recurridos en los tribunales y sobre los que se dicte sentencia después de que haya entrado en vigor la ley, estarían amparados por ella y se aplicaría la subsanación. El plazo para subsanar es de un año con la posibilidad de prorrogar seis meses más. Pasado el mismo, si no se modifica lo pedido, se produce la nulidad