El Gobierno ha recuperado al anteproyecto de ley contra la trata, una norma que quedó pendiente la pasada legislatura y que ahora ha vuelto al Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria coincidiendo con el 8M. Así, el Ejecutivo ha anunciado en el Día Internacional de la Mujer una batería de medidas en materia de igualdad que incluye cambios en el sistema de protección a las víctimas de violencia machista o la extensión de las ayudas económicas a las víctimas de violencia sexual.

Además de aprobar una declaración institucional, el Gobierno ha aprobado en primera lectura la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la explotación de seres humanos, que decayó con la convocatoria de elecciones. Esta ley, según ha defendido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "no es punitivista", sino que se centra en la protección de las víctimas, que no serán expulsadas del país aunque estén en situación irregular y podrán acceder a las ayudas sin necesidad de denunciar.

La norma, según ha incidido, abarca desde la trata laboral a la sexual, así como los matrimonios forzosos o el comercio de órganos, con un "abordaje integral para apoyar a las víctimas y dar cobertura a las supervivientes", especialmente aquellas que se encuentran en situación irregular en España. De esta forma, incorpora "una autorización provisional con permiso de residencia y trabajo en tanto se certifica la situación de víctima" y "se garantiza la no expulsión del país si se encuentran en situación de trata".

Además, las víctimas podrán "acceder a toda la batería de ayudas y derechos" que contempla la ley "con independencia de la denuncia", como el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV), ser consideradas colectivo prioritario para acceder a una vivienda pública, la asistencia letrada o indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y grupos de trata.

Redondo ha indicado que en esta ley, que aún tiene que pasar por los órganos consultivos, se contará con la opinión de las organizaciones que trabajan con víctimas de trata y ha anunciado la puesta en marcha de un grupo de trabajo para que estas "puedan incorporarse a este debate" y ayudar al Gobierno para "concretar mejor y ser más eficaces".

Protocolo antiacoso y ampliación de ayudas

Por otra parte, Redondo ha anunciado la renovación del protocolo frente al acoso y el abuso en el seno de la Administración General del Estado, al que, según ha explicado, ahora podrán acceder nuevos colectivos, como personas en prácticas y trabajadores de empresas auxiliares que trabajan para la Administración. Además, se establece un listado de conductas reprobables -que contempla desde el ciberacoso a las bromas de carácter sexual- y un procedimiento "ágil" para investigarlas.

Asimismo, la ministra ha anunciado el desarrollo de la ley del 'solo sí es sí' para extender las medidas económicas, que hasta ahora solo se aplicaban a las víctimas de violencia de género, a las víctimas de violencia sexual. Así, las víctimas con rentas inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podrán percibir una cantidad de en torno a seis meses del subsidio de desempleo en una sola paga o en seis meses consecutivos.

El Gobierno también ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un cambio en el tratamiento de las situaciones de incapacidad temporal causadas por casos de violencia machista, de forma que, según ha explicado la titular del ramo, Elma Saiz, se asimilarán a las bajas laborales por accidente de trabajo, lo que supone una mejora en la prestación, ya que las pasarán a percibir desde el primer día de la baja el 75% de la base reguladora y no requerirá periodo de carencia.

Cambios en el sistema VioGén

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desglosado una serie de modificaciones en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) para restringir los criterios para inactivar los casos abiertos, con el objetivo de prolongar la protección de las víctimas y evitar situaciones de "indefensión prematura" cuando pueda haber una situación de "riesgo latente".

Estos cambios están recogidos en una instrucción del secretario de Estado de Seguridad que crea además una nueva modalidad, la inactivación supervisada, que fija mecanismos de control policial durante seis meses prorrogables a un año e impide la inactivación completa de casos de alta complejidad o si en algún momento se ha detectado un riesgo cualificado.

Compromiso con la igualdad en el 8M

Un paquete de medidas anunciado en una rueda de prensa en la que la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo con las políticas de igualdad y ha trasladado su especial agradecimiento a las mujeres de generaciones pasadas que "fueron capaces de romper muros" y a quienes "les debemos todo".

La también titular de Educación ha definido el 8M como un "día de celebración y de reivindicación" y, aunque ha reivindicado las medidas del Gobierno en materia de Igualdad, también ha señalado que "necesitamos seguir avanzando" y ha incidido en que "no podemos olvidarnos de las 1.245 mujeres asesinadas por la violencia machista desde el año 2003".

A su vez, Redondo ha destacado que la declaración institucional del Ejecutivo por el 8M traslada la "consternación" por las guerras de Gaza y Ucrania y su impacto en las niñas y mujeres. Además, ha puesto en valor que España ocupe el cuarto lugar de la Unión Europea en igualdad.

Así, aunque la ministra ha defendido que "hay un avance significativo en el recorte de las brechas", ha señalado que el Ejecutivo reconoce también que "el camino es largo, no está todo hecho y tenemos que seguir avanzando". Además, ha advertido sobre los "partidos negacionistas de la violencia de género", alertando de que "el negacionismo mata".