El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la movilización de 200 millones de euros a las comunidades autónomas como parte de un crédito para financiar el programa de protección a las familias y la atención a la pobreza infantil que ha desarrollado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
El crédito se divide en tres programas, siendo el primero uno de 108 millones de euros para financiar proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social. El segundo, de 65 millones de euros, se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, concretamente a "unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social", explica el Ministerio. Por último, el tercer programa (25 millones de euros) buscará reforzar los equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.
El Ministerio también establece que el reparto territorial de los fondos se realiza atendiendo a diversos criterios, como la población de cada territorio, su superficie o la tasa AROPE (que mide el riesgo de pobreza o exclusión). Debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, esta distribución será la misma que en 2023.
El ministro Pablo Bustinduy explica que el objetivo del Ministerio que dirige es "retomar el incremento de la financiación" que desplegaron en este ámbito "para hacer frente a los retos en la protección de las familias y de los niños y niñas". El objetivo es "tratar de corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema y que se vio agravada en la década pasada con los recortes".
El acuerdo autorizado en el Consejo de Ministros ha sido previamente abordado por el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante la reunión que mantuvieron el 17 de junio. Una vez aprobado por el Gobierno de España, este acuerdo volverá al Consejo Territorial para que sea aprobado y pueda resultar efectivo.