El Gobierno de España lo tiene claro, los restos de Francisco Franco no acabarán "en ningún lugar donde pueda ser objeto de homenaje ni de posición pública. El Estado tiene los instrumentos para evitarlo", ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, que ha insistido en que tienen el apoyo de la iglesia para solucionarlo.
"Trabajamos en una salida que, obviamente, no puede ser la Almudena". Sin embargo, sus descendientes, que no aceptan esta solución, advierten incluso de que podrían trasladar los restos de la mujer del dictador, que ahora reposan en El Pardo, a la cripta que poseen en la Almudena.
No obstante, la vicepresidenta ha reiterado que "la Almudena no es de titularidad privada. Es responsabilidad de la iglesia católica y, repito, el Estado, a través en este caso del poder ejecutivo, tiene que garantizar en todo el territorio español que no se enaltece a Franco".
Postura que su principal socio en el Gobierno aplaude. En este sentido, desde Podemos argumentan que se debe cumplir la ley. "En democracia, las familias podemos insistir lo que queramos, pero todas tenemos que cumplir la Ley de Memoria Histórica", ha afirmado Rita Maestre, portavoz del Ayuntamiento de Madrid, en declaraciones a Al Rojo Vivo.
No obstante, la tercera parte implicada en la cuestión del traslado de los restos de Franco tampoco evita el conflicto. El Arzobispado de Madrid avisa que con ellos nadie ha hablado sobre la exhumación, pero que no son árbitros de nada y que respetarán el acuerdo al que lleguen el Gobierno y los familiares del dictador.