Sánchez ha mantenido en Moncloa una reunión interministerial sobre inmigración, un encuentro que según el Gobierno es previsto y rutinario, pero que se produce tan solo un día después de que Estrasburgo avale las devoluciones en caliente de inmigrantes en la frontera con Marruecos.
Una sentencia que el Ejecutivo no comparte, aunque la respeta, como se extrae de las palabras de Yolanda Díaz: "España debe estar a la altura de las exigencias de los derechos fundamentales".
El Gobierno mantiene en secreto el contenido de esa reunión en la que tratan de buscar el equilibrio entre el cumplimiento de la sentencia y una política de inmigración progresista. Y es que tanto PSOE como Podemos han defendido en innumerables ocasiones la necesidad de prohibir las devoluciones en caliente.
Baltasar Garzón, por su parte, opina que "habrá que conciliar lo que el Tribunal Europeo ha dicho con lo que dicen la ONU y el Comité de Derechos Humanos, que ya ha establecido como un derecho humano la migración cuando es como consecuencia del cambio climático".
Muchos magistrados no comprenden que el tribunal rectifique una decisión propia que fue contraria en 2017. Esa es también la tesis de Jueces por la Democracia, que tilda de giro copernicano el fallo de Estrasburgo.