La Generalitat tenía previsto presentar a Cataluña como un Estado ante el gobierno chino, con el que negoció un préstamo de hasta 11.000 millones de euros para crear el futuro banco central catalán.

Para ello, el Govern alegabaque Cataluña fue "ocupada militarmente en 1714" por las tropas francesas y españolas y que desde entonces ha mantenido su "dignidad nacional" y ha realizado esfuerzos por lograr su independencia. Así lo recoge un informe que la Guardia Civil ha aportado al juzgado que investiga los preparativos del referéndum del 1 de octubre.

El documento encontrado en el pendrive incautado al exsecretario de Hacienda de la Generalitat Josep Llúis Salvadó se titula 'Presentación de Cataluña como Estado', elaborada en 2015. En un punto de la presentación se afirma que "Cataluña alcanzó su apogeo como potencia económica, política y de desarrollo cultural en el Mediterráneo, entre los siglos XIII y XV", pero que tres siglos más tarde fue "ocupada militarmente" por Francia y España "perdiendo su independencia política y sus instituciones de autogobierno", pues su "lengua y cultura fue perseguida".

El 'power point', también recalca la posibilidad de una ruptura con España tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015 gracias a que un "48 por ciento" votó a favor de la independencia y por ello el Parlamento catalán "podría crear su propia legitimidad a través de la legislación".

Las opciones para declarar la independencia

Además, el documento recogía dos vías para la independencia: a través de un referéndum, que no "podrá ser evitado" por el Gobierno español; o con la decisión del Parlament a hacer una "separación unilateral", por lo que el Govern actuaría "como si Cataluña no fuese parte de España".

En el caso de que se optase por el segundo camino, la Generalitat explicaría a las autoridades chinas que el Gobierno español tendría la opción de actuar como si Cataluña siguiese permaneciendo al Estado y por tanto "no se boicotearían las infraestructuras, no se interrumpirían los movimientos fronterizos", se continuarían "pagando las pensiones y las transferencias de la Seguridad Social" y "no se recurriría a la violencia", señala el informe.

Por el contrario, si se acepta la separación, consideraban en ese documento que España "sufriría una crisis de deuda con una contracción del 20% del PIB y una reducción de sus ingresos por la disminución de los impuestos y contribuciones sociales provenientes de Cataluña". La presentación de power point concluía afirmando: "ganará el que más resista".

Uno de los guardias civiles que examinó la documentación incautada a Salvadò declaró el pasado mes de marzo en el Tribunal Supremo en el juicio por el 'procés' independentista, donde recalcó que la búsqueda de financiación internacional en China, se debía la "preocupación" de los miembros del Govern para "sobrevivir económicamente" desde la declaración de independencia y la puesta en marcha de la Agencia Tributaria Catalana.

También señaló que se necesitaba sumar otros 6.000 millones procedentes de los Ayuntamientos y otros 1.300 millones de ingresos propios para el mantenimiento económico de la hipotética República catalana.