Los casos diarios de coronavirus continúan en aumento. En las últimas 24 horas se han contabilizado 2.415 nuevos contagios y, ante la preocupante situación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado a las comunidades autónomas que pueden solicitar "decretar el estado de alarma en sus territorios"para frenar los contagios.
No obstante, la mayoría no ve necesario pedir al Gobierno un estado de alarma individualizado, atendiendo a la evolución de la pandemia en sus regiones. Además, advierten contra las consecuencias económicas de un segundo estado de alarma, al entender que podría volver a paralizar la economía.
Sin embargo, algunos presidentes autonómicos no cierran la puerta a aplicar esta medida si la situación se agrava. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que presenta los peores datos a nivel nacional.
En este sentido, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha señalado que solicitará "todo lo que haga falta si sirve para proteger la vida de los ciudadanos", aunque de momento no lo hará porque "no nos podemos permitir confinamientos". Cree que es una medida que traslada "una imagen muy perjudicial".
Por su parte, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha manifestado que el Ejecutivo regional no cree que "la pandemia se descontrole en Madrid". "No soy partidario de más confinamientos, porque llevan a estados de alarma que a su vez conducen a la ruina", ha manifestado Aguado, que dice tener "la sensación de que el Gobierno de Sánchez busca aplicar las mismas medidas que en marzo y abril".
En la misma línea que Ayuso se ha expresado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha asegurado que no renunciarán "a ninguna herramienta para proteger la salud y la vida de nuestros vecinos". Aunque ha apuntado que "la solución no es ofrecer a las comunidades autónomas el estado de alarma para su territorio", sino otro tipo de herramienta que, dice, llevan pidiendo meses.
También el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la falta de ese instrumento jurídico y ha aseverado que "no hay más propuesta del Gobierno que seguir prorrogando el estado de alarma de forma indefinida". Así, ha anunciado que la Xunta presentará al Ejecutivo central una propuesta de ley orgánica como alternativa.
"No podemos tener 17 respuestas diferentes, no podemos tener un Gobierno que nos lleve a la casilla de salida después de cinco meses", ha sentenciado.
En Cataluña, en cambio, se percibe cierta división de opiniones al respecto entre los socios del Govern. Aunque la consellera de Salut, Alba Vergés (de ERC) considera que el estado de alarma "no es una herramienta imprescindible", la portavoz, Meritxell Budó, dice que lo estudiarán.
"Una vez conozcamos todos los detalles de esta propuesta, la vamos a estudiar detenidamente y valoraremos si cabe o no solicitar este estado de alarma", ha apuntado.
Señalan cómo afectaría a la economía y piden unificar estrategias
Otros presidentes regionales han rechazado de manera más rotunda la posibilidad de usar el estado de alarma en sus territorios.
Es el caso de la Región de Murcia, cuyo presidente, Fernando López Miras, ha considerado que España no puede permitirse 17 estrategias diferentes. También ha incidido en que la región "no está en pedir" esta figura porque se encuentra por debajo de la media nacional en incidencia acumulada, hospitalización e ingresos en la UCI.
Tampoco cree conveniente aplicarlo el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha pedido un mayor apoyo del Ejecutivo central para ejercer sus competencias. Cree que el confinamiento es una medida "fácil", pues consigue atajar la transmisión del virus, pero no la solución al problema, al que añade una mayor "asfixia de la economía y el empleo".
El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, asimismo ha afirmado que "de ninguna manera" va a haber un nuevo estado de alarma en su comunidad, porque cree que la economía no puede volver a pararse. "No vamos a decretar ningún estado de alarma", ha asegurado.
"Volver a la situación del mes de marzo, abril, mayo, no lo soportaría la economía", ha indicado, agregando que "ese virus económico sería peor que el virus sanitario".
Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, también ha pedido al Gobierno un "término medio" entre el estado de alarma, "muy restrictivo con las competencias de las comunidades", y "esta situación, en la que el Estado ha desaparecido".
Por su parte, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha indicado que estudiarán "todas las propuestas del Gobierno español", aunque ha indicado que hasta ahora no ha necesitado "otro instrumento jurídico" para adoptar medidas frente al COVID-19.
"Por ahora no lo vemos necesario porque todas las decisiones que hemos tomado han sido ratificadas por los juzgados", ha indicado.
Por último, el lehendakari Iñigo Urkullu ha defendido que no es necesario el estado de alarma, aludiendo a la "comunicación permanente" que ya se mantiene con el Ejecutivo central para hacer frente a la segunda oleada de la pandemia "sin necesidad de otro tipo de figuras".
Casado acusa a Sánchez de "escabullirse"
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, considera que Sánchez está cometiendo una dejación de funciones dejando recaer la responsabilidad de decretar el estado de alarma en las autonomías.
"El presidente del Gobierno se escabulle en otras administraciones de sus responsabilidades, se parapeta en un conflicto competencial", ha señalado. Y añade el líder del PP que Sánchez tropieza otra vez "con la misma piedra".
En el mismo sentido se ha pronunciado la portavoz parlamentaria del partido, Cuca Gamarra, que, en declaraciones a 'Antena 3', ha tachado el ofrecimiento de Sánchez de "renuncia" e incluso "un ejercicio de cobardía política".
"No he visto a ningún presidente del Gobierno del resto de los países europeos que no esté liderando la vuelta a las aulas", le ha reprochado Gamarra, que, en alusión a la vuelta al cole, asimismo ha acusado a la ministra de Educación, Isabel Celaá, de darse "a la fuga" y ha reclamado "unas reglas claras y coordinación".
También la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido que el Gobierno dirija una "estrategia nacional" frente a la segunda ola, en vez de que haya 17 estrategias diferentes. "Hace falta más liderazgo y coordinación por parte del Gobierno. Para salvar vidas y empleos debemos huir de las luchas partidistas", ha recalcado.