La Audiencia de Sevilla ha acordado que un forense informe sobre si el ingreso en prisión de Griñán, previsto para antes del 2 de enero, puede tener incidencia en el desarrollo de la enfermedad alegada o en el tratamiento prescrito. La decisión del tribunal se produce después de que el expresidente de la Junta de Andalucía solicitara la suspensión de su entrada inminente en prisión alegando enfermedad sobrevenida.
En concreto, el abogado del exdirigente socialista ha expuesto ante la justicia que sufre un cáncer de próstata diagnosticado como de "alto riesgo" y que requiere un tratamiento hospitalario de forma inmediata para impedir que avance, según ha informado 'El Periódico de España' y han confirmado otros medios posteriormente.
Este movimiento de la defensa de Griñán y la decisión del tribunal se produce tan solo unas horas después de que la Audiencia de Sevilla desestimara el recurso de súplica del expresidente, así como del resto de condenados a cárcel por la trama de los ERE fraudulentos, dando un plazo de diez días para su ingreso en prisión, que comienza este viernes y finaliza el 1 de enero, para que todos los condenados "ingresen voluntariamente" en prisión, salvo el exviceconsejero Agustín Barberá. En su recurso de súplica, Griñán pedía "fijar un plazo prudencial mayor para el comienzo del cumplimiento de la ejecución de la pena privativa de libertad".
En ese escrito se proponía en concreto "tres meses" para "evitar un cumplimiento (de la pena de cárcel) que pudiera ser fallido, indebido innecesario o improcedente". "Porque lo que es innegable es que si fuera concedido el indulto parcial o estimada la cuestión de nulidad por la que se interesa la reducción de la pena a dos años, el ingreso en prisión que se ordena resultaría fallido, indebido o improcedente, es decir, innecesario", exponía su defensa.
Dichos recursos de súplica se dirigían contra el auto de fecha 15 de noviembre, en el que esta instancia judicial denegaba ya las peticiones iniciales de suspensión de las penas de cárcel que pesan sobre ellos, seis años y dos días en el caso del expresidente de la Junta andaluza. Griñan fue condenado a seis años y dos días de prisión e inhabilitación durante 15 años por los delitos de malversación y prevaricación relacionados con el escándalo de los expedientes de regulación de empleo.
Griñán fue consejero de Economía y Hacienda entra abril de 2004 y abril de 2009; posteriormente, entre abril de 2009 y septiembre de 2013, se convirtió en presidente de la Junta de Andalucía en sustitución de Manuel Chaves. La Justicia considera que el exdirigente socialista no frenó el sistema que heredó de concesión irregular de ayudas socieconómicas a pesar de que fue alertado por la Intervención de la Junta.