En un comunicado, Hacienda ha contestado en estos términos a la decisión del juez Llarena, que, a través de una providencia, ha pedido por escrito al ministro Cristóbal Montoro que explique "a la mayor brevedad posible" por qué considera que no se utilizó dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
Hacienda ve "positivamente" la providencia del juez porque da la oportunidad a ese departamento de aportar al Tribunal Supremo todas las actuaciones de control a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña, que hasta ahora no se habían solicitado.
Recuerda en su nota que el Ministerio inició diversos controles presupuestarios a Cataluña ya en el año 2015, los reforzó en julio de 2017 y aprobó la intervención del propio presupuesto de la Generalitat en septiembre de 2017, situación que se mantiene en la actualidad.
"El Ministerio aportará al Juzgado toda la documentación donde se detalla el control de la Ejecución presupuestaria que ha dado seguridad a los ciudadanos catalanes y al resto de españoles", añade el comunicado.
Pablo Llarena ha justificado su petición en que varios procesados han declarado ante él que Montoro expresó "su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017".
Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo el citado referéndum.
Montoro, cuyo departamento ejerce de acusación particular en este sumario por el posible mal uso de fondos, negó en una entrevista publicada por el diario El Mundo que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público.