Hacienda ha abierto una inspección tributaria al rey Juan Carlos I por las regularizaciones voluntarias que ha llevado a cabo en los últimos meses, según ha podido saber laSexta.

La Agencia Tributaria lo hace en coordinación con la Fiscalía del Tribunal Supremo con el objetivo de verificar que la regularización sea correcta, es decir, veraz y completa. Así, ha pedido información al monarca emérito sobe las dos regularizaciones que ha realizado: una de casi 700.000 euros y otra de unos 4,4 millones.

Desde la Agencia Estatal de Administración Tributaria recuerdan a esta cadena que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ya advirtió en marzo que con dicha regularización "no terminaba ningún proceso", sino que se actuaría para comprobar que este proceso era "completo y veraz".

El rey realizó a finales de febrero un pago a Hacienda de 4,4 millones de euros tras abonar 678.393 en el mes de diciembre. Una liquidación que se llevó a cabo por regalo de viajes en jet privados por valor de ocho millones. Estos vuelos estaban pagados por la fundación Zagatka, propiedad de su primo lejano Álvaro de Orleans, según reveló el mismo digital.

En diciembre, el emérito pagó casi 700.000 euros, incluyendo intereses y recargos de la deuda tributaria que tenía con Hacienda por el uso de tarjetas 'Royal black'. Un ingreso que se producía sin requerimiento previo, por el que la Agencia Tributaria no abrió ningún expediente al respecto. Esta regularización era sobre los ingresos opacos que utilizó entre 2016 y 2018, años en los que ya no era inviolable, y que fueron a cargo de un empresario mexicano.

El propietario de las cuentas con las que se pagaron hoteles, viajes y restaurantes, entre otros, es el mexicano Allen Sanginés-Krause y el emérito dispuso de ese dinero a través de un supuesto testaferro, el coronel del Ejército del Aire, Nicolás Murga Mendoza, según Anticorrupción.

El rey emérito tiene dos causas más abiertas en la Fiscalía del Supremo, donde se encuentra aforado: la investigación sobre el supuesto cobro de comisiones ilegales por las obras del AVE a la Meca en 2014 (todavía inviolable) y la relativa a las sociedades en paraísos fiscales.