La familia de Franco sostiene que en el caso de que el Gobierno persista en su "actuación arbitraria" y proceda finalmente a la exhumación de los restos del dictador, deberá cumplir el decreto que regula los honores militares y, por tanto, habrá himno nacional completo, arma presentada, descarga de fusilería y un número por concretar de cañonazos.
La familia apela al Real Decreto 684/2010 que regula los honores militares y que, respecto a las honores fúnebres, establece que "se rendirán por una unidad con bandera, banda y música y consistirán en la interpretación del himno nacional completo, arma presentada y una descarga de fusilería. En su caso, la salva de cañonazos que corresponda".
Más allá de que resulte pertinente tal tratamiento para los restos de Franco, quedaría en el aire cuántos cañonazos habría que disparar, ya que el decreto regula su número en función de quién sea el finado.
La norma detalla las personalidades con derecho a honores fúnebres militares, entre las que figuran militares y civiles vinculados a las Fuerzas Armadas que fallezcan en acto de servicio; los expresidentes del Gobierno y otras personalidades relevantes que hayan prestado "excepcionales servicios a España".
Como Franco no murió en acto de servicio, no fue presidente del Gobierno y resultaría cuanto menos polémico apelar a sus excepcionales servicios a España, parece que los cañonazos que la familia pretende para el dictador serían los correspondientes al máximo jefe del Ejército o incluso al rey.
En el citado escrito de alegaciones, la familia se refiere en todas las ocasiones a su abuelo como "el anterior jefe del Estado", salvo en una en la que le llaman "Generalísimo". De acceder el Ejecutivo a esas pretensiones, la inhumación se llevaría a cabo con una salva de 21 cañonazos y siete voces de "¡Viva España!", si se atiende a la consideración de anterior jefe del Estado, así como a la de máximo jefe de los Ejércitos, actualmente el rey.