El nuncio de la Santa Sede en España, Bernardito Auza, y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Juan José Omella, materializaron este miércoles un acuerdo con el Gobierno por el que la Iglesia española renuncia a la exención del Icio (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras), de carácter municipal.
Esta renuncia se culminó en la reunión que ambos mantuvieron en la sede del Ministerio de Exteriores en Madrid con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y que estaba prevista desde otoño. En el encuentro se ha llevado a cabo un intercambio de notas diplomáticas que explicita los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español que han de llevar la firma del subsecretario de Exteriores o del nuncio, y que se hace en presencia de Omella y Bolaños como responsables de los equipos que lo han preparado.
Dicha exención, regulada bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, se deriva del contexto fiscal que la institución eclesial tiene en base a los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado (de 1976 y 1979, posteriores a la muerte de Franco), y era uno de los puntos en los que los obispos españoles estaban más dispuestos a ceder, según indicaron fuentes que acuden a las habituales reuniones que mantienen el Episcopado y el Gobierno Español.
El compromiso a pagar el Icio también responde a la premisa, repetida desde la CEE, de que la Iglesia quiere pagar los impuestos que le corresponden, sin privilegios, pero tampoco sin discriminación. Tras anunciarse el acuerdo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha celebrado el mismo, producido tras "un año de trabajo intenso" y que traerá "beneficios para el erario público".
En concreto, "más de 16 millones de euros al año" para los Ayuntamientos, ha indicado el titular de Gobierno, asegurando que a través de este mecanismo se da "el fin de los privilegios", dado que habrá una equiparación "a organizaciones sin ánimo de lucro".