El exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, piden que se juzgue a uno de sus acosadores, un hombre que grababa vídeos y les insultaba frente a la puerta de su domicilio, en la urbanización de La Navata, en Galapagar.
Ambos han solicitado al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Villalba que abra juicio oral contra Miguel Ángel Frontera por acosarles durante meses grabando videos y luciendo pancartas en la que les llamaba "garrapata", "chepas", "hijo de terrorista" o "analfabeta".
Además, han presentado también su acusación, y piden un año y medio de cárcel para Frontera por coacciones, acoso, injurias y descubrimiento de secretos -este último por publicar en su canal de Youtube las declaraciones del procedimiento-. Han solicitado del mismo modo una multa de 9.000 euros por los citados delitos.
La defensa ha justificado su petición por la "grave perturbación que han sufrido de forma injustificada y antisocial" ambos, "siendo ajeno a la legítima protesta y encuadrándose en una actividad de hostigamiento y acoso en su residencia".
"La presencia y actividad diaria de Miguel Frontera en las inmediaciones de la vivienda impuso a la ministra y en aquel momento vicepresidente del Gobierno una alteración de su vida familiar y sus compromisos laborales, derivada de la limitación de movimiento de los querellantes y sus familiares, los ruidos y sin dudarlo la incertidumbre y la intromisión en el normal desenvolvimiento familiar y de su intimidad", refleja la defensa.
Este hombre además se habría erigido como impulsor y protagonista de numerosas "caceroladas" frente a la vivienda, y habría llegado incluso a crear una plataforma de crowdfunding con el finde obtener fondos "para seguir dando soporte del acoso diario y continuado" a Montero e Iglesias.
En este contexto, el escrito destaca "la afectación e impotencia" de Iglesias y Montero para "proteger a sus hijos en su hogar familiar ante los insultos, el acoso y las coacciones sufridas". "Es más, el daño sufrido alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los tres hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cómo no podían desarrollar su vida en privacidad", recalca.