Igualdad denuncia presiones sobre el PSOE para volver al modelo anterior a la ley del 'solo sí es sí'

Después de que más de 270 condenados por delitos sexuales se hayan beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la controvertida norma, el Gobierno de coalición conformado por PSOE y Unidas Podemos se ha abierto finalmente a modificar la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como ley del 'solo sí es sí'. En concreto, el Ejecutivo ha valorado la posibilidad de resolver "los efectos indeseados" causados por la rebaja de penas de la ley ante la "preocupación social" que ha levantado la revisión de condenas a los agresores sexuales. Fuentes de Podemos han explicado en las últimas horas que "el Gobierno no ha parado de buscar fórmulas" para que la ley se aplique de forma correcta, compartiendo "la preocupación social por las decisiones de aquellos jueces que están decidiendo rebajar penas".

"Seguimos trabajando en ello", han manifestado las mismas fuentes de Podemos, que han subrayado que "a día de hoy no hay acuerdo sobre una solución válida". La iniciativa de reforma de la ley está impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, que trabaja de forma coordinada con el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz. Desde Podemos afirman que el PSOE tiene presiones para volver al modelo anterior y que el consentimiento deje de ser el centro del Código Penal. Lo cierto es que ya el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una conversación informal con los periodistas el pasado 6 de diciembre, se abrió a hacer algún retoque técnico, ante el goteo de rebajas y el impacto negativo que esta circunstancia tiene para el Gobierno.

"La ley no ha tenido los efectos deseados, es verdad que en el ámbito del derecho transitorio el Gobierno pensó que sería aplicable otro tipo de respuesta más similar a la que dio la FGE en ese decreto interpretativo, pero reconocemos también que es una ley que protege a las mujeres y a las víctimas, y estamos trabajando para seguir implementando y desarrollando la aplicación de esta norma", declaró hace unos días la ministra de Justicia, Pilar Llop. Horas antes, se supo que la propuesta de Justicia pasaba por recuperar las penas del anterior Código Penal como fórmula para frenar la revisión de penas a la baja en los casos más graves.

Según informó Cadena SER, la cartera dirigida por Llop ha valorado volver a penas de entre uno y cinco años cuando haya violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima, y de entre seis y 12 años en esos mismos casos cuando la agresión sexual sea con penetración. Del mismo modo, en los supuestos en que haya agravantes también pide volver a las penas anteriores de entre cinco y diez años cuando no haya penetración, y de entre 12 y 15 cuando sí la haya. La propuesta, además, es extensible a los casos en los que la víctima sea menor.

Por el momento, el Ministerio de Justicia trabaja en la reforma "desde el punto de vista técnico y de manera rigurosa", pero asegura que no cuenta aún con ninguna propuesta definitiva ni borrador. Fuentes de Justicia han señalado a EFE que, aunque la ministra Pilar Llop ya admitió hace unas semanas que la ley estaba teniendo efectos indeseados, no hay por el momento ningún documento sobre la mesa que se pueda analizar en el seno del Gobierno de coalición.

Hasta este viernes, 278 condenados por delitos sexuales se han beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'solo sí es sí', entre revisiones de condena a la baja y sentencias posteriores en aplicación de la norma. Además, se ha ordenado la excarcelación de 20 personas. En los 278 casos registrados, los magistrados explican que estas revisiones y rebajas de condenas se hacen porque el propio Código Penal, en su artículo 2.2, establece que siempre deberá aplicarse la ley "más favorable" al reo. En este contexto, la ley ha provocado que el delito de agresión sexual absorba al de abuso sexual, lo que significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave incorpore una de menor gravedad, por lo que la horquilla penal también se ha ampliado para abarcar todo el abanico de comportamientos penados ahora como agresión sexual.

Montero carga contra la derecha

La ministra Montero, que este domingo participó en un acto de Podemos en Lanzarote, advirtió de que la formación morada protegerá que el consentimiento "siga en el corazón del Código Penal"; y también al Gobierno de coalición, que ha hecho posible la ley del 'solo sí es sí'. En su intervención, Montero lamentó que, frente las felicitaciones que ha recibido el Gobierno español desde la UE y otros organismos internacionales por esta ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', en este país sus promotores sufran "una ofensiva indecente de la derecha política, judicial y mediática", que persigue la vuelta al modelo anterior.

Un modelo, dijo, con el que a las víctimas de las "aún invisibles y normalizadas violencias sexuales se les preguntaba si se resistieron, y no si consintieron". Irene Montero recalcó que lo que está ocurriendo con esta ley, "la principal conquista feminista de los últimos veinte años", también pasó en 2004 tras la aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, frente a la que "tribunales españoles plantearon 200 cuestiones de inconstitucionalidad", mientras que los sobreseimientos de estos casos "aumentaron un 158 %". La ministra de Igualdad reivindicó que su partido es "la fuerza que está transformando" España, consciente de que "donde hay una necesidad tiene que haber un derecho" y contrario a que "decidan sólo unos poderosos".

Montero subrayó que para Podemos "hacer política es una tarea titánica", ya que ello implica "hacer posible lo que todo el mundo le dice que es imposible", como subir el salario mínimo interprofesional y promover el Ingreso Mínimo Vital, leyes feministas, el tope al gas o la intervención en el mercado de la vivienda, unas iniciativas "que están haciendo que miles de familias puedan vivir mejor" y que rechazaban quienes "quienes querían sostener los privilegios de unos pocos a costa de los derechos de la mayoría social". La ministra destacó que en Canarias su partido también ha favorecido la creación de una renta ciudadana y la mejora de la situación difícil por la que pasaban las cuestiones relativas a la dependencia, lo que ha agradecido a la consejera regional de Derechos Sociales, Noemí Santana.

Por ello, estimó que gobiernos progresistas de coalición, como el nacional y el canario son fruto de la movilización de los sectores populares de este país y también del empeño de Podemos, "que desde 2016 dijo que eran posibles y que los números sí daban, son los mejores que pueden tener" España y este archipiélago. Frente a ellos, existen "muchos adversarios de las derechas política, judicial y mediática que quieren tumbar al Ejecutivo central e impedir que Podemos gobierne", aunque la formación morada tiene claro que en este año electoral su objetivo es "gobernar en más sitios y con más fuerza donde ya lo hace", ha aseveró.

"Quien se tiene que ir a la calle es Montero"

Mientras tanto, esa misma derecha contra la que carga Montero le exige responsabilidades. El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, aseguró también este domingo que su formación ofrece al PSOE sus diputados "sin condiciones" para "cambiar ya" la ley del 'solo sí es sí' y subrayó que "quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad". El dirigente popular afirmó que las "dudas" que pudiera tener el Ejecutivo sobre modificar la ley responden a "intereses de partido y de gobierno" y no a la necesidad de modificar la normativa, cuestión que es "un clamor en España". "No se hace por los equilibrios internos en el Gobierno de la nación. Esto es inaceptable; hay que cambiar ya esta ley", defendió.

Así, recordó que el Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para cambiar los aspectos negativos de la normativa, "fundamentalmente los que afectan a las rebajas de penas para condenados". A su juicio, "no se puede marear más la perdiz" y no se está "en el tiempo de las dudas", por lo que la normativa "se tiene que modificar ya". "Los diputados del PP están a disposición del Gobierno para modificarla", añadió. Tras denunciar que cerca de 300 agresores sexuales se han visto beneficiados, indicó que "quien tiene que salir a la calle no son los agresores sexuales sino que quien se tiene que ir a la calle es la ministra de Igualdad".

"Es algo clamoroso que necesita España y las mujeres que han sido agredidas sexualmente. Es una segunda revictimización de la mujer", ahondó. Por ello, consideró que "no es tiempo de dudar ni de más debates, sino de actuar". "El daño con la ley ya está ha hecho. De lo que se trata es de no seguir haciendo daño y causar perjuicios. Por eso este ofrecimiento del PP al Gobierno para cambiar la ley ya, mañana, esta semana si es posible", insistió. Asimismo, incidió que el PP no pone condiciones a la hora de ofrecer sus diputados.

"Tenemos un punto de partida que es la proposición de ley presentada. Estamos dispuestos a matizarlo, a cambiar, pero lo que hay que cambiar es la ley. Nuestra condición es que no se favorezca al agresor sexual... Esta es nuestra línea roja. A partir de ahí estamos dispuestos a escuchar y debatir", añadió. Por último, recordó la existencia de informes del Ministerio de Justicia que alertaban de las consecuencias de la ley. "Los propios servicios jurídicos del Gobierno alertaban sobre estas consecuencias. Solo tienen que hacer caso a sus propios técnicos. La ley se puede cambiar y si no se hace es porque Sánchez no quiere enfrentarse a Podemos. Es un problema del presidente que afecta al conjunto de la sociedad española".