El Gobierno de coalición intenta en las últimas horas rebajar las tensiones sobre la reforma de la ley del 'solo sí es sí'y tanto Igualdad como Justicia apuran las negociaciones para alcanzar un acuerdo en el que PSOE y Unidas Podemos se sientan cómodos.

El principal escollo está en cómo hacer para subir las penas de los delicuentes sexuales. Los técnicos del Ministerio de Justicia creen que la única forma de lograrlo es reintroduciendo la violencia, intimidación o anulación de la voluntad como justificación para un arco de penas mayor. Algo que para Igualdad haría que en los juicios se volviera a poner el foco sobre la víctima y si ésta se resistió a la agresión sexual. Su propuesta es que la violencia se ponga como agravante, y no en el tipo básico.

El ministerio que dirige Pilar Llop no lo ve así. Justicia cree que la violencia o la intimidación siempre serán un elemento de juicio y de prueba y que el "consentimiento de la mujer" sigue siendo el corazón de la ley. Con esta confrontación, las reuniones continúan al más alto nivel, con las ministras Irene Montero y Pilar Llop al frente (esta última anulaba ayer su presencia en al cumbre de Marruecos para centrar sus esfuerzos en la odificación de la norma).

Mientras, en público, la titular de Igualdad presionaba señalando este miércoles que la situación actual es de "discrepancia fuerte" entre ambos "en torno al consentimiento". En una entrevista concedida a Telecinco, Montero advertía de que su principal objetivo proteger el consentimiento como centro de la ley y "no volver al modelo anterior basado en la violencia e intimidación" que lleva a las mujeres al "calvario probatorio de tener que probar con las heridas en el cuerpo si se resistieron lo suficiente". Antes, el mismo miércoels por la mañana, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, insistía en que el PSOE se veía "obligado a plantear la reforma"por las presiones. En tono más conciliador y sin entrar en detalles, el ministro de presidencia defendía que su partido lleva trabajando "140 años por los derechos y libertades".

Pero lo cierto es que el tiempo apremia, ya que según avanzaba este miércoles laSexta, Sánchez quiere zanjar cuanto antes la polémica generada en torno a esta ley, pero también quiere ir de la mano en la reforma con sus socios de Gobierno, sin romper la unidad. La idea es presentar la iniciativa conjunta el viernes, pero está abierto a cerrarlo la próxima semana para lograr el consenso en la coalición.

Hoy, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, se ha mostrado "optimista" ante la posibilidad de llegar a un acuerdo, aunque no descarta una modificación unilateral si el debate "no llega a buen puerto".

"Pienso que vamos a conseguir ese acuerdo, pero si las cuestiones técnicas no llegan a buen puerto en la voluntad de ambas partes es evidente que la ley definitivamente habrá que reformarla", ha sentenciado Maria Jesús Montero, puntualizando que la discusión entre PSOE y Unidas Podemos se centra en "ajustes técnicos".

A falta de cuatro meses para las elecciones autonómicas y municipales, si la coalición no alcanza un acuerdo, la situación sería muy complicada para la izquierda. Por un lado, los socialistas deberían decidir si siguen adelante con la reforma con los apoyos clave de PP (ya anunciados por Feijóo) y por otro lado, podría abrir una brecha más profunda ente el nuevo proyecto político de Yolanda Díaz y Podemos.

Rebajas en el 40% de las sentencias analizadas

Mientras el goteo de reducciones de penas de agresores sexuales continúa. Según fuentes del Tribunal Supremo a laSexta, desde que entró en vigor la ley del 'solo sí es sí', han revisado 14 sentencias. De ellas, seis han sufrido rebajas de penas, con nueve delincuentes sexuales beneficiados (hay una sentencia que condena a dos violadores, la de la Arandina, y otra a tres, la de Orcoyen). Y el resto, 8 sentencias, se han mantenido. Es decir, se ha rebajado el 40% de las sentencias que se han analizado en el Supremo.

Fuentes del alto tribunal apuntan que es "un porcentaje muy alto" y que "lo lógico es que en las Audiencias Provinciales ese porcentaje sea mayor" porque muchas sentencias no se recurren hasta el Supremo por el gasto que supone recurrirlas.

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