Salvador Illa ha decidido que su primer acto institucional como nuevo president de la Generalitat de Cataluña sea una visita a la sede central de los Mossos d'Esquadra, el Complejo Egara de Sabadell (Barcelona), toda una declaración de intenciones cuando todavía se mantiene viva la crisis por la vuelta de Carles Puigdemont a suelo español y su posterior fuga, que ha provocado una serie de reacciones en forma de informes que diriman de quién fue la responsabilidad de aquel operativo.
Illa, acompañado de su nueva consellera de Interior, Núria Parlon, han visitado este complejo en la mañana de este miércoles. Después, tienen pensado verse con los sindicatos policiales. Será entonces cuando el president comparezca ante los medios de comunicación sin preguntas de por medio.
Tras su visita, Salvador Illa ha mostrado su "cercanía" con los Mossos al mencionar sus tres objetivos como president: los servicios públicos, la seguridad ciudadana y el factor de progreso. En esa comparecencia, ha anunciado que la plantilla de los Mossos d'Esquadra será ampliada hasta los 22.000 agentes para el año 2030.
Illa admitía haber "escuchado las inquietudes" de los Mossos, que le han pedido que puedan "hacer su trabajo en un clima serenado y con rigor", "lejos de la confrontación política".
La voluntad y lo que se persigue con esta visita es demostrar, por parte del presidente y de la consellera, su pleno apoyo al cuerpo y conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades", explicó este martes la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, una visita que no deja de tener una importante carga simbólica cuando se plantea un cambio de rumbo en el cuerpo, que se enfrenta a fuertes críticas internas y externas.
Desde los sindicatos criticaban este lunes que Puigdemont lograse 'desaparecer', viendo "injustificable" el operativo de la 'operación Jaula', algo "innecesario" en palabras del secretario general de SAP-FEPOL, Pere García. "Puede fallar el dispositivo, pero no entendemos la falta de autocrítica y de revisión", compartía.
Vuelo de informes
Tras la fuga de Puigdemont, el paso lo marcan los distintos informes que desde instancias judiciales se han requerido a las partes que han intervenido en el operativo o que han podido tener peso en el mismo. El primero del que se ha conocido el contenido ha sido el que el Ministerio del Interior ha remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, en el que aseguran que no se produjeron "operativos paralelos".
El Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska alega que ofrecieron su ayuda a los Mossos, pero que estos no la requirieron, "más allá de los habituales prestados a través de la mesa de coordinación operativa y de intercambio e información e inteligencia". Lo que sí se hizo, según Interior, fue reforzar la vigilancia de puertos y aeropuertos en Cataluña. En ninguno de sus controles se detectó "en momento alguno y hasta la fecha la presencia del prófugo Carles Puigdemont".
Preguntada por si los Mossos d'Esquadra han hecho llegar a Llarena su informe, Paneque decía ante preguntas de la prensa que "no le consta" que se haya remitido, evitando añadir más comentarios acerca de una cuestión "judicializada".