Los indicios y contraindicios con los que el fiscal general afronta una declaración histórica

Aunque en los últimos años se han contado por decenas, este miércoles la democracia española vivirá otro acontecimiento histórico, uno más. Nunca antes un fiscal general del Estado había sido imputado en un procedimiento penal y nunca antes el máximo responsable del organismo encargado de impulsar la acción de la justicia en defensa de la legalidad había tenido que declarar acompañado de un abogado de su confianza ante un magistrado de la Sala Segunda del Supremo.

¿Por qué está imputado Álvaro García Ortiz?

Álvaro García Ortiz comparecerá con la condición de investigado por revelación de secretos como máximo sospechoso de haber filtrado un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido dos delitos fiscales por valor de 350.000 euros y ofrecía un acuerdo de conformidad que incluía aceptar una pena de ocho meses de cárcel y el pago de una indemnización de 525.000 euros.

El juez del Supremo Ángel Hurtado basa la imputación de García Ortiz en los informes realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le atribuyen "una participación preeminente" en la filtración investigada, que habría vulnerado su derecho de defensa, según los abogados de González Amador, y que desde el equipo de Ayuso se interpreta como una operación de Estado urdida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra una de sus principales rivales políticas.

Hurtado, que firmó el único voto particular discrepante en la sentencia del caso Gürtel que desencadenó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, apunta a García Ortiz como autor de la filtración: "Hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición", considera en sus autos.

12 horas de alto voltaje

Los hechos investigados se produjeron en poco más de 12 horas, durante la noche del 13 de marzo de 2024 y las primeras horas de la mañana siguiente. A las 21:29 horas del día 13, el diario El Mundo publicó una información titulada La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales, que fue desmentida a las 22:10 en la página web de laSexta con el enfoque de que el Ministerio Público contestaba a una oferta previa de acuerdo que había formulado el abogado de Alberto González Amador, Carlos Neira, tras admitir que su cliente había cometido "dos delitos fiscales".

A las 23:51, la Cadena Ser publicó fragmentos textuales de ese correo electrónico que dejaba poco margen a la duda: "Ciertamente se han cometido dos delitos fiscales", decía el mensaje que Neira envió al fiscal del caso, Julián Salto. A la mañana siguiente,El Plural publicó a las 9:06 una fotografía del correo y, a las 10:20, la Fiscalía Provincial de Madrid difundió una nota de prensa, asumida en su totalidad por García Ortiz, en la que se incluían fragmentos de las comunicaciones intercambiadas por las dos partes.

Las publicaciones en los medios hay que solaparlas con los movimientos que se produjeron a esas horas en la Fiscalía y en el entorno de la Presidencia del Gobierno. Tras la publicación de El Mundo, el fiscal general urgió a la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y a la provincial, Pilar Rodríguez, a que le enviaran las comunicaciones que probaban las conversaciones entre el fiscal del caso y el abogado del novio de Ayuso para refutar la información publicada en El Mundo, que el propio Salto calificó en su declaración judicial de "mentira", "escándalo" e "incendio".

Salto, que estaba viendo un partido de Champions en el Metropolitano y tuvo que apartarse del resto de aficionados para poder hablar con sus superiores, envió a Rodríguez los correos que había intercambiado y esta se los hizo llegar al fiscal general el 13 de marzo, a las 21:59 horas, aunque en lugar de utilizar la cuenta oficial de la Fiscalía, los remitió a su cuenta personal de Gmail.

Por la mañana, García Ortiz instó a Lastra a publicar una nota de prensa que desmintiera la información inicial con el argumento de que, de lo contrario, iba a imponerse "un relato que no era cierto". "Es imperativo sacarla", le dijo. Según el relato de Lastra, ella le preguntó si había filtrado el correo, a lo que García Ortiz le contestó: "Eso no importa ahora".

Antes de que se publicara la nota de prensa, el correo del abogado de González Amador estaba ya circulando en los teléfonos móviles de varios dirigentes políticos del PSOE ajenos a la Fiscalía. A las 8:29 de la mañana, Pilar Sánchez Acera, colaboradora del ministro Óscar López -entonces jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-, envió esa comunicación al portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, para que lo utilizara en el cara a cara parlamentario que tenía esa mañana con la presidenta Ayuso.

Lobato preguntó por el origen del correo y se negó a utilizarlo hasta que no estuvo publicado en los medios, como demuestran los mensajes que aportó a un notario y que fueron incorporados a la causa tras su declaración judicial como testigo.

El 'equipo Fortuny' y un móvil borrado

Los otros dos imputados en la causa, junto a García Ortiz, son la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que envió los correos al fiscal general, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, al que facilitó el 7 de marzo "tooooodo" el expediente tributario completo de González Amador, según reconocía en un expresivo mensaje que fue localizado tras la intervención de su teléfono móvil y en el que suponía que habría sido desde ese ámbito desde el que se habría dado publicidad a este asunto.

La primera información sobre el caso, en la que se daba cuenta de la denuncia presentada por la Fiscalía, fue publicada por elDiario.es el 12 de marzo. En sus comunicaciones, Rodríguez también acuñó la expresión "equipo Fortuny" para referirse al núcleo duro de colaboradores del fiscal general, en referencia a la calle en la que se encuentra este organismo.

La prueba clave que podría dar un vuelco a toda la investigación es el teléfono móvil del fiscal general del Estado, en el que no apareció ninguna comunicación en aplicaciones de mensajería instantáneas en el lapso de tiempo en el que el juez Hurtado fijó la investigación, entre los días 8 y 14 de marzo.

La Fiscalía reconoció que García Ortiz había borrado su teléfono, pero se escudó en una instrucción de 2019 y una guía de buenas prácticas en materia de protección de datos que así lo aconsejaban para evitar la difusión de información sensible en caso de robo o extravío. A mediados de enero, la UCO se hizo con una copia del dispositivo para comprobar si se eliminaron mensajes.

En su instrucción, el juez Hurtado da por hecho que la Fiscalía facilitó el correo electrónico objeto de la filtración a Moncloa, a través de Sánchez Acera, y que desde ahí se reenvió a El Plural. Las defensas de los investigados subrayan, sin embargo, que no hay ninguna prueba de esas comunicaciones y que dos periodistas -Miguel Ángel Campos, de la Cadena Ser, y José Precedo, de elDiario.es- aseguraron ante el juez que tenían el correo electrónico del abogado de González Amador antes de que fuera publicado por El Mundo.

García Ortiz y Rodríguez también han solicitado la intervención del teléfono del jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que en la noche del 13 de marzo difundió el bulo de que el acuerdo había partido de la Fiscalía tras reenviar a un grupo de periodistas la información de laSexta con el comentario: "Mirad las mentiras de los medios de la izquierda voraz".

También aseguró que la jefatura de la Fiscalía había intentado boicotear el intento de acuerdo entre las partes, aunque ante el juez Hurtado reconoció que simplemente se trataba de "una deducción" sin ningún sustento objetivo.