El movimiento político Iustitia Europa, que ejerce la acusación popular en los casos Begoña Gómez, Koldo y David Sánchez, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por ser ponente en la abstención del magistrado Juan Carlos Campo pese a estar recusado.
Solicitan como medida cautelar de suspensión del pleno del Tribunal Constitucional de este próximo martes por "comprometer la imparcialidad del Tribunal y generar un perjuicio irreparable para la independencia del sistema judicial español".
La formación política considera que existe una presunta falta de imparcialidad judicial ya que la participación, como ponente, en la decisión sobre la abstención del magistrado Juan Carlos Campo, constituye una vulneración del principio de imparcialidad judicial recogido en el artículo 24 de la Constitución Española y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Según detallan, uno de los aspectos más delicados de la querella es la implicación que esta actuación podría tener para la independencia judicial en España. El sistema judicial, según explican, se fundamenta en la confianza de los ciudadanos en que sus jueces y magistrados actúan con plena independencia y sin ningún tipo de presión externa ni interés particular que comprometa sus decisiones.
La independencia judicial es un principio recogido en el artículo 117 de la Constitución Española, que asegura que los jueces son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, añaden.
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