Los jueces están hartos de ser uno de los epicentros del debate político. José María Páez, juez decano de Málaga, ha dicho que quieren "sacar de una vez por todas la Justicia del debate político" y para hacerlo creen que hay mucho por reformar, especialmente, lo que hay en primera línea: su lucha contra la corrupción política. 

Han presentado un documento con 58 medidas concretas. Una de las principales es limitar los aforamientos, en palabras de Pedro Viguer, juez decano de Valencia, se trata de "regringir el aforamiento a la fase de enjuiciamiento, no a la de instrucción y limitado siempre a delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

Otra iniciativa es ampliar los plazos en los que prescriben los delitos de corrupción. Sería imprescindible para evitar que casos tan graves como el 'Naseiro', en los años 90, acaben en nada. Algo habitual en España.

También proponen que se reforme la ley del indulto. Quieren que sólo sea posible cuando el tribunal que dictó sentencia dé el visto bueno y que la tramitación del indulto no suponga la suspensión temporal de la pena, como le ocurrió al exministro Jaume Matas. 

Por supuesto, también incluyen su eterna reivindicación: más medios para la Justicia. Exigen que haya más jueces, que se triplique el presupuesto y la informatización de todo el sistema. Asimismo, hacen una petición clave para ser más eficaces contra los corruptos, la creación de una Policía judicial auténtica, dependiente directamente de jueces y fiscales.

Los jueces se adelantan con su propuesta a los políticos, incapaces de acordar medidas contra la corrupción. Ahora depende de ellos que las propuestas se lleven definitivamente a cabo.