Javier Aguirre, magistrado del caso Voloh, que investiga los contactos de Rusia y el 'procés', ha denegado la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y ha elevado al Tribunal Supremo la causa, una decisión que afecta también a los otros 12 investigados. El juez pide que se les investigue por los delitos de traición, malversación y organización criminal.

Esta denominada 'trama rusa' se encontraba hasta ahora en instrucción en el juzgado nº 1 de Barcelona y tomó el nombre de caso Voloh a raíz de una operación que inició la Guardia Civil en octubre de 2020 para investigar el presunto desvío de fondos públicos, principalmente desde la Diputación de Barcelona, que habrían servido para financiar los gastos de Puigdemont en Waterloo y pagar viajes a Moscú.

Pese a que la Audiencia de Barcelona le ordenó cerrar en mayo pasado la causa sobre la supuesta injerencia rusa en el procés, porque la había prorrogado sin justificación, Aguirre abrió en junio, con la amnistía ya en vigor, una nueva pieza separada en la que apuntó, entre otros, contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont y el diputado de Junts Francesc de Dalmases.

Delitos de traición, malversación y organización criminal

En la exposición razonada, a la que ha tenido acceso laSexta con fecha de 8 de julio, Aguirre apunta a la existencia de indicios racionales de criminalidad contra los aforados Carles Puigdemont y el diputado Frances Dalmases, razón por la que debe ser el Tribunal Supremo quien decida sobre este caso. Además, establece que el resto de imputados no aforados "se encuentran inescindiblemente unidas" con la actuación de Puigdemont.

En su exposición, el juez insiste en las conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr su apoyo en el procés, y a todos ellos les atribuye la comisión de los delitos de traición, malversación y organización criminal.

Aguirre ya anunció que elevaría la causa al Supremo y que pediría imputar a Carles Puigdemont por traición, un delito al que no se puede aplicar la ley de amnistía. Tras esta decisión, Carles Puigdemont anunció que había presentado una querella por prevaricación y malversación contra Aguirre.

En esta pieza separada de la causa, que empezó en 2016 como una investigación por el presunto desvío de fondos de la Diputación de Barcelona a entidades afines a CDC, están investigados Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, el informático de Waterloo Jaume Cabaní y el excargo de CDC Víctor Terradellas, entre otros.

Ahora, tras la invalidación de toda la causa de Tsunami Democrátic este lunes por parte de la Audiencia Nacional, el caso Voloh constituye el principal escollo para que Puigdemont logre la amnistía.