Una jueza de Barcelona procesa a 30 altos cargos del Govern por malversación de dinero público en la consulta ilegal del 1 de octubre. En concreto, los acusa de desobediencia, revelación de secretos, falsedad documental y prevaricación y fija para diecisiete de ellos una fianza por responsabilidad civil de casi seis millones de euros, al ser la cantidad supuestamente gastada el 1O.
En su escrito, la jueza procesa a los exaltos cargos del Govern de Puigdemont Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrías, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj y al exsecretario general del Diplocat Albert Royo, entre otros, y exculpa a 15 investigados, entre ellos Santi Vidal -cuyas conferencias en las que desveló que el Govern ocultaba una partida de 400 millones para el referéndum propiciaron la apertura de la causa judicial- y Carles Viver i Pi Sunyer.
Entre los procesados también están Vicent Sanchis, director de TV3, y Nuria Llorach presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. Los dos por desobediencia
Además, la juez señala en su escrito que no es competente para pronunciarse sobre el exsecretario general de Hacienda Lluis Salvadó, dada su condición de aforado.
Torra lo tacha de "aberración democrática"
El president catalán ha tachado de "aberración democrática y preocupante en la Europa del siglo XXI" el procesamiento de estas 30 personas. A su juicio, revela una "escalada en la persecución política" contra el independentismo y un "estado de excepción judicial".
Torra ha comparecido en el Palau de la Generalitat para leer una declaración institucional en respuesta a la decisión de la jueza de Barcelona. Ha dado el apoyo del Govern a los procesados y ha asegurado que no hay "presiones o multas que lo paren o frenen. Si alguien cree que los ataques les va a parar el derecho de libertad, esta equivocado".
El vicepresident del Govern, Pere Aragonés, considera que es un "juicio político": "Se les procesa a ellos porque no se puede procesar a dos millones de catalanes que dejaron claro su mandato el 27S de 2015", ha asegurado. Y ha advertido que llevarán los casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos "si hace falta".