El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha desestimado una serie de diligencias solicitadas por la acusación popular de Vox relacionadas con las contrataciones realizadas durante la pandemia de COVID-19. En un auto emitido el 20 de septiembre de 2014, el magistrado argumenta que las peticiones, que incluían requerimientos a la Presidencia del Gobierno para la entrega de actas de los Consejos de Ministros y cambios de situación procesal para varios testigos, son improcedentes y no aportan valor a la causa.
Vox había presentado un escrito el 19 de septiembre, pidiendo, entre otras cosas, el acceso a documentos clave relacionados con la gestión de la crisis sanitaria, así como el cambio de estatus de Daniel Belmar Prieto, de testigo, ha investigado. Sin embargo, el juez subrayó que esta solicitud podría convertir el procedimiento en una causa general sobre las adjudicaciones de suministros durante la pandemia, algo que no se permite en la legislación vigente.
El magistrado también desestimó el requerimiento de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial para remitir el expediente del contrato número 20V019, argumentando que esta información ya había sido recopilada en diligencias anteriores. Asimismo, las solicitudes de declaraciones de testigos fueron rechazadas al considerar que no aportarían información nueva o relevante para el caso.
Esta decisión puede ser recurrida en un plazo de tres días, según lo estipulado por la ley, lo que deja abierta la posibilidad de que Vox continúe su lucha legal en busca de mayor transparencia sobre las decisiones tomadas durante la crisis sanitaria.