El juez que investiga si una asesora de la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, ejerció como niñera de su hija ha ordenado que se localice a una responsable de prensa de Podemos para que declare en la causa, tras la declaración de una exescolta que aseguró que esta profesional también hizo de cuidadora.

Se trata del denominado caso niñera, donde se investiga si la asesora Teresa Arévalo desempeñó funciones como cuidadora de la hija de Montero durante la campaña electoral de 2019 con cargo a los fondos del grupo parlamentario.

Este caso lo instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, el del caso Neurona, tras ordenarle la audiencia provincial que lo asumiera porque no debió derivarlo a otro órgano.

Ahora, en un auto fechado ayer jueves el magistrado acuerda que esa responsable de prensa declare en la causa aunque detalla que la condición en la que lo haga dependerá de si le pagaba el partido o por el Congreso de los Diputados.

Lo hace a petición de Vox, que ejerce la acusación y que también solicitó que la exescolta de Montero Elena G. J. aporte copia de los chats de Telegram en los que recibía instrucciones para recoger a personas diferentes a Montero, lo que el juez acepta pero solo en "los relativos única y exclusivamente al encargo de recoger a Gara" .

Elena G.J. declaró el pasado día 22 que no le consta que Teresa Arévalo realizase funciones de niñera ni la vio cuidando de la hija de Montero, y que viajaba con Montero como miembro de su equipo, y añadió que supo de otra persona, a la que ha identificado como Gara (Santana) y que fue responsable del departamento de prensa del partido, que tuvo que cuidar en alguna ocasión de los niños de la ministra y del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.

A raíz de esa declaración Vox solicitó su declaración y el magistrado ahora requiere a Podemos para que en el plazo de tres días identifique a la persona referida como Gara y que en el año 2.018 trabajó en el equipo de prensa de Irene Montero, indicando en su caso si se trata de Gara Santana.

También le solicita que aporte la contratación de la misma bien por el partido o bien por el grupo parlamentario de Podemos, aclarando en este segundo caso si su sueldo le era pagado por dicho partido político o bien por el Congreso de los Diputados. Si el partido no atiende este requerimiento en cinco días, se ordenará a la UDEF la identificación.

El juez acuerda tomarle declaración y precisa que "la condición que ostentará en dicha declaración dependerá del origen de sus emolumentos, en cuanto a si en el ejercicio del citado cargo era remunerada por el partido político Podemos o bien por el Congreso de los Diputados".

Este procedimiento nació de la denuncia de la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, que se negó ante el juzgado a desvelar la identidad de la persona que le transmitió que una asesora de la ministra desempañaba funciones como cuidadora de su hija menor y aseguró que no lo investigó porque fue cesada.