El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha citado como imputados este lunes a Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat de Catalunya, y a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, en la causa abierta contra Tsunami Democràtic por delitos de terrorismo. Así lo han podido confirmar fuentes jurídicas a laSexta, que han informado además de que hay otras diez personas imputadas.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha confirmado a laSexta que presentará un recurso de apelación contra el auto del titular del JCI nº 6 de la AN al considerar que, al haberse iniciado el procedimiento por delito de sedición, una vez desaparecido este, la causa solo puede seguirse por desórdenes públicos en los juzgados de Barcelona.

De hecho, destacan que antes de que el juez dictara este auto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya estaba preparando un informe para que la causa fuera juzgada en Barcelona por desórdenes públicos, en atención a las informaciones policiales que constan en autos.

Además de Rovira y Puigdemont, están imputados Josep Lluís Alay, Oriol Soler Castanys, Xavier Vendrell Segura, Marta Molina Álvarez, Josep Campmajó Caparrós, Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabani Massip, Oleguer Serra Boixaderas y Nicola Flavio Giulio. El magistrado también ha acordado citar como testigo a Arnaldo Otegi, coordinador de EH Bildu, a fin de esclarecer lo acontecido en la reunión en Ginebra, y la participación que en ella tuvieron los diferentes líderes que asistieron; asimismo, concretar exactamente a qué se referían en los que se puede hacer en Suiza, para que pueda declarar sobre el conocimiento que pudiera tener sobre la planificación y aparición de la organización TD, y su aportación a la misma.

Los hechos podrían calificarse de forma indiciaria, según ha indicado el juez, como de terrorismo. En un auto, el magistrado ha ofrecido a Puigdemont, al tratarse de un miembro del Parlamento Europeo, y antes de cursar el correspondiente suplicatorio, la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional, tal y como establece el artículo 188 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal. La resolución señala que resulta necesaria la citación de Puigdemont para ser oído sobre los hechos objeto de investigación.

"Su citación, en este momento no podría realizarse en otra condición que no sea la de investigado, asistido de letrado ofreciéndole la oportunidad de defenderse, dado que el interrogatorio versaría sobre cuestiones de carácter evidentemente incriminatorio", se dicta en el auto. Se trata, tal y como ha argumentado el juez, de una de las personas de las que está acreditado indiciariamente, a la vista del análisis de la agenda de Josep Lluis Alay, historiador y hombre cercano a Puigdemont, que acudió a las reuniones que se celebraron en Ginebra los días 29 a 31 de agosto de 2019, y donde pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democràtic.

President… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado..."

Su nombre, según se añade, aparece en un mensaje que figura en el dispositivo analizado de Alay: "El lunes 26 de agosto se dará a conocer los perfiles de la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. Supongo que desde Ómnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia". Igualmente, se continúa en el auto, parece haber asistido a la reunión en Ginebra a la que aludía Marta Vilalta, diputada de ERC. Por otra parte, se precisa en el auto, en otra comunicación que mantiene con Alay se habla del grupo de coordinación de la campaña Tsunami Democratic y las decisiones y dudas que surgen en el mismo, las cuales son consultadas al expresidente Puigdemont a través del propio Alay.

Finalmente, siempre como indica el auto, el rol de liderazgo del expresident catalán en la plataforma parece también inferirse de la conversación mantenida con el Campmajó, con quien discute sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la publicación de la sentencia del procés y en la que concluye de la siguiente forma: "Ayer estuve nuevamente en primera línea. Tanto en BCN como en GRN. Mi gente bien distribuida", y que "o tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas". A esto, Puigdemont responde: "Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas". A lo que señala Campmajó: "President… Los diputados están cagados. La gente les pasa por encima. El Govern está acojonado...". Respondiendo este: "Cierto. Y eso no es bueno".

El papel de Rovira

La decisión del magistrado García Castellón también se ha dado tan solo unos días después de que se hiciera público un informe de la Guardia Civil en el que se concluía que la dirigente de Esquerra "realizó cometidos de coordinación" de esta plataforma, surgida en el año 2019 para protestar contra la sentencia del "procés" independentista catalán. En dicho informe se señalaba que este movimiento pretendía "subvertir el orden constitucional" y "generar una situación de crisis". Fue precisamente el instituto armado quien remitió dicho informe a García-Castellón; documento en el que se manifestaba la vinculación de Rovira con Tsunami Democràtic bajo el alías 'Matagalls'.

Un pseudónimo que, según el informe de la Guardia Civil, usaba Rovira y que aparece en diversas conversaciones telefónicas. En concreto, 'Matagalls' se ocupaba de actuar de enlace entre la dirección de ERC y la plataforma. 'Matagalls', siempre según el informe de la Guardia Civil, se ocupaba de oponerse a todos aquellos que estaban en contra de las acciones de la plataforma independentista. Esta causa podría ser susceptible de encuadrarse en una futura ley de amnistía que estos días se encuentra en pleno debate entre el PSOE y sus socios parlamentarios.

ERC y Puigdemont reaccionan a la imputación

El propio Puigdemont no ha tardado en cargar contra la justicia española por la nueva imputación: "¡A por ellos!", por no perder la costumbre. Es el golpe de Estado permanente que tanto les gusta revivir, sea con sables o sea con togas. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla", ha expuesto en la red social X, antes Twitter.

Acto seguido, ERC ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que las imputaciones "son la reacción previsible y antidemocrática de los poderes reaccionarios del Estado contra la ley de amnistía, y demuestran una vez más que ésta también es una causa construida con una clara intencionalidad política". De hecho, han incidido, "esta reacción a la desesperada es un claro indicador de la calidad y alcance de los acuerdos sellados hasta ahora por Esquerra Republicana".

"Es cuando Catalunya avanza políticamente, que llegan los poderes represores del Estado y despliegan todos sus tentáculos para sabotear los acuerdos democráticos. Es una clara reacción causa-efecto, un movimiento tanto previsible como aberrante. Y demuestra, también, el acierto de que Esquerra Republicana introdujera la causa del Tsunami Democrático en la amnistía", han aseverado.

En este sentido, Esquerra Republicana constata que la ley de amnistía pactada es una solución de una fuerza y ​​de una importancia trascendentales. "Se afianza, por tanto, en la necesidad de esta herramienta para avanzar en clave de lucha antirrepresiva contra las causas persecutorias para combatir el independentismo democrático. Y permanece firme frente a cada ataque, en defensa de los avances sociales, y en la lucha antirrepresiva, la autodeterminación y la independencia de Catalunya", han zanjado.

Por su parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que "cuando la protesta se trata como terrorismo, la amnistía es más necesaria que nunca para preservar los derechos y libertades ante la persecución fanática".