Un juez de instrucción de Sevilla va a citar como investigados a la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, y a dos exgerentes, Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán, en el marco de la investigación por la querella del PSOE por las contrataciones de emergencia que durante la pandemia en la sanidad pública andaluza realizó el Gobierno de Juanma Moreno. Bajo la lupa hay numerosos contratos entre 2021 y 2023 por posible prevaricación.

El PSOE denunció que el SAS utilizó los contratos de emergencia por valor de 242 millones de euros una vez superada la pandemia de la covid-19, y cifró en 24 millones de euros el daño causado al erario público por este procedimiento "a dedo". El titular del Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla, Francisco Javier Santamaría, ha dictado un auto en el que admite la querella y cita a la gerente y a sus predecesores en el cargo para darles traslado e informarles de sus derechos.

Los querellados han sido citados "cualquier día hábil" de este mes de noviembre para informarles de sus derechos, y serán llamados a declarar en un "momento posterior", según recoge el auto. El PSOE está personado en esta causa como acusación popular tras depositar una fianza de 5.000 euros y después de la denuncia presentada en octubre pasado por una treintena de diputados socialistas andaluces contra los dos gerentes del SAS en la pandemia, que se amplió un mes más tarde contra la actual gerente.

La denuncia, que investiga la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla, se refiere al mantenimiento durante dos años y medio de las contrataciones de emergencia en el SAS cuando ya se daba por finalizada la pandemia de la covid. Estas contrataciones, según los denunciantes, debían volver a tramitarse con los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

La denuncia socialista alude al expediente 110/2021, por el que la administración sanitaria autorizó la contratación de emergencia de servicios de asistencia sanitaria complementaria para estancias médicas por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia por un importe inicial de 70 millones de euros. Esta cuantía fue objeto de diversas prórrogas entre los años 2021 y 2022 hasta alcanzar el importe de 242,73 millones.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, dijo hace tres días respecto a esta denuncia que el PSOE andaluz, "activado por Moncloa, considera que la mejor manera de erosionar al Gobierno y erosionarme a mí es judicializar la vida pública y supuestamente crear una causa política en la que dicen que somos unos corruptos".

Moreno recalcó que se trata de una "querella política inventada" y mostró su confianza en su archivo. "Vamos a ver cómo se desarrolla este 'show' que están montando en torno al Gobierno andaluz", reiteró Moreno, quien aseguró que por parte de la Junta hay "transparencia máxima", cooperación con la Justicia, y sobre todo, "serenidad y tranquilidad" a la espera de que se resuelva "lo antes posible con el archivo" de la causa.