El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha vuelto a aprovechar una intervención pública para cuestionar la ley de amnistía. "Una sociedad democrática no puede asumir que sus miembros no sean iguales ante la ley", aseveraba este martes al recoger un premio.
Aunque el magistrado instructor de la causa del procés no pronunció en ningún momento la palabra 'amnistía', su discurso no ha dejado lugar a dudas: "Cuando se desactiva la aplicación de la ley para algunos mientras se impone la prisión para los demás ciudadanos que realizan las mismas conductas, la sociedad queda asentada en la bula y en el privilegio", denunciaba.
Unas palabras que, a juicio de los expertos, podrían provocar que, en el futuro, algún beneficiado por el perdón intente una recusación contra él. "La decisión que tome puede ser interpretada como que ya había una concepción previa en contra de la amnistía y por esto es más posible que puedan prosperar recusaciones", advierte en este sentido el magistrado Joaquim Bosch.
No es el primer juez que se pronuncia públicamente al respecto: ya lo hizo Manuel García-Castellón, encargado de la investigación de Tsunami Democràtic, en una conferencia el pasado mes de octubre, donde se preguntaba si "será esta la primera amnistía de muchas otras".
Tampoco sería la primera vez que un magistrado es relegado tras mostrar su opinión sobre una causa que él mismo instruía. Ocurrió, por ejemplo, con el juez Antonio Narváez por criticar el procés y con Pablo Pérez Tremps por hacer lo propio con el Estatut catalán.