La cúpula policial del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy tendrá que declarar como investigada en la Audiencia Nacional. Así lo ha decidido el juez Santiago Pedraz que ha citado, entre otros, al exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y al Director Adjunto (DAO), Eugenio Pino, por su papel en la llamada policía patriótica. Un grupo que, presuntamente, investigó a miembros de Podemos sin ningún control judicial.
A Martínez y Pino, se suman otros cuatro ex altos cargos policiales entre los que se encuentra el que fuera comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño; el jefe de gabinete de del DAO, José Ángel Fuentes Gago; el comisario Andrés Gómez Gordo, así como el ex jefe de la Brigada de Información de Madrid, Germán Rodríguez Castiñeira.
Así lo establece Pedraz en una providencia emitida este viernes y en el marco de la querella que interpuso la formación política Podemos contra la policía patriótica de Rajoy por presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial. Aseguran que las pesquisas se desarrollaron sobre las personas que conformaban en aquel momento la organización.
Las citaciones contempladas en este escrito al que ha tenido acceso laSexta arrancarán el próximo 28 de octubre con Martínez y García Castaño. Al día siguiente será el turno de Fernández Pino y Fuentes Gago, mientras que el día 6 de noviembre comparecerán ante el magistrado Gómez Gordo y Castiñeira. Asimismo, el instructor admite, además, la práctica de las testificales solicitadas por Podemos para el esclarecimiento de los hechos.
Según pudo confirmar laSexta en el pasado mes de julio, los agentes al mando del Ministerio de Interior durante el Gobierno del popular Mariano Rajoy llegaron a realizar centenares de consultas en las bases de datos oficiales de la policía entre 2015 y 2016. Su objetivo era el de conseguir información que pudiera dañar la reputación de la formación morada que en aquel momento acababa de nacer tras el movimiento social del 15M.
Esta actividad policial y extrajudicial constituiría un espionaje ilegal a los diputados de Podemos en aquel entonces. .Entre ellos figuraban los actuales miembros del Gobierno y miembros de Sumar como es la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o su homólogo en la cartera de Servicios Sociales, Pablo Bustinduy. También se realizaron búsquedas de figuras como Pablo Iglesias, Irene Montero o Ione Belarra, así como sobre Íñigo Errejón o Joan Baldoví.
No obstante, sobre el que más se realizaron fue por el diputado Segundo González García en torno a la que se hicieron un millar, aproximadamente. Eso sí, cabe recalcar que esta causa que instruye Pedraz se encuentra al margen del caso Villarejo.