Para el 22 de enero
Peinado cita como testigos en la causa de Begoña Gómez a representantes de Google, Indra y Telefónica por el software
Los detalles Peinado ha citado a declarar como testigos el próximo 22 de enero a los representantes de Google Spain, Indra y Telefónica. También para ese mismo día a Arsys Internet, y a quienes fueran vicerrectores de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha citado a declarar como testigos el próximo 22 de enero a representantes de grandes empresas como Google Spain, Indra y Telefónica, en relación con sus inversiones en un software de interés en la investigación.
Además, el magistrado ha convocado también a Arsys Internet y a los ex vicerrectores de Planificación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal. Cabe destacar que estos últimos ya habían declarado previamente, por lo que esta será su segunda comparecencia.
La citación de estos testigos se enmarca dentro de la ampliación de la investigación a Begoña Gómez, quien compareció el miércoles pasado ante el juez. Durante su declaración, Gómez se desvinculó de las irregularidades que le atribuyen las acusaciones y defendió su actuación en relación con la Universidad Complutense. Según su testimonio, nunca se lucró ni tuvo la intención de lucrarse de su vinculación con la universidad.
En su intervención, Gómez detalló que había codirigido una cátedra extraordinaria en la UCM y que, aunque cobró una remuneración de 15.000 euros anuales por dos másteres, la cantidad era, en su opinión, insignificante para generar sospechas de enriquecimiento personal. "Creo que la cantidad pone de manifiesto que no pretendía lucrarse con lo que estaba haciendo", declaró su abogado, Antonio Camacho, al finalizar la comparecencia.
El caso se centra en la contratación de un software relacionado con la cátedra que Gómez codirigió, en el que se investiga la posible apropiación indebida y el intrusismo. Además, Gómez está siendo investigada por presunta corrupción y tráfico de influencias en sus negocios con la Universidad Complutense.
Gómez también explicó cómo había registrado la marca 'Transformación Social Competitiva' antes de la aprobación oficial de un máster con el mismo nombre, señalando que su intención era proteger esa denominación dentro del ámbito académico de la universidad y evitar su uso externo. Según sus palabras, nunca tuvo la intención de apropiarse de la marca y afirmó que la plataforma asociada a la cátedra sería siempre de carácter gratuito y sin fines de lucro.
La creación de este software fue licitada por un valor de 60.000 euros, y aunque Gómez admitió no tener conocimientos jurídicos, insistió en que firmó los documentos relacionados con la contratación bajo las indicaciones de la universidad, que habitualmente realiza este tipo de procedimientos. Su abogado afirmó que Gómez "siempre se ha comportado de manera correcta, en coordinación con la Universidad Complutense".
La investigación continúa y se esperan más declaraciones en las próximas semanas, incluido el testimonio de los representantes de las empresas implicadas, que podrían arrojar más luz sobre el caso.