En un auto, el magistrado Antonio Serrano-Arnal dice que dichas comisiones están "íntimamente" relacionadas con otros delitos investigados. Así, descarta la petición de la Fiscalía Anticorrupción dados los vínculos de estas pesquisas con el supuesto fraude fiscal y el blanqueo de capitales objetos de seguimiento en las distintas piezas separadas de las que se compone el caso.
Fechado el pasado 4 de junio, la fiscal Elena Lorente aseguraba que Rato, con el objetivo de cobrar estas comisiones, "se sirvió de íntimos colaboradores", entre ellos Alberto Portuondo, contratado como asesor externo de Caja Madrid a principios de 2010; la secretaria personal del político, Teresa Arellano, y su "amigo" y exconsejero de la entidad, José Manuel Fernández Norniella.
Al respecto, insistía en que "a los efectos del control absoluto", el exvicepresidente del Gobierno "colocó" en el equipo de comunicación y publicidad del banco a otras personas de su círculo, contra las que igualmente se dirige la causa, y que constituyeron un "auténtico grupo de presión", actuando como "núcleo duro a las órdenes y en beneficio" de Rato.
Pese a desestimar la petición principal del Ministerio Público, el juez atiende la prueba documental solicitada e incorpora al procedimiento documentación procedente de ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, así como de atestados y oficios de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.