El juzgado de instrucción nº 31 de Madrid deniega la solicitud de Rato de dejar sin efecto la medida cautelar de retirada de su pasaporte, aunque sí acepta revocar la obligación de que comparezca el primer martes de cada mes en sede judicial.

El juzgado ordenó en septiembre de 2015 el embargo de los bienes de Rato, incluida su pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI), por un importe de 18 millones de euros, después de que el exvicepresidente del gobierno no hiciera efectiva la fianza que debía abonar al estar imputado por un delito de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales.

El titular del juzgado, Antonio Serrano Arnal, investiga en varias piezas separadas el origen de la fortuna de Rato, que está a la espera de conocer la decisión del Tribunal Supremo sobre su condena por el uso de tarjetas "black" de Caja Madrid, por lo que fue condenado a cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida.

El alto tribunal debe pronunciarse sobre el recurso presentado por Rato y el resto de condenados, un dictamen que se conocerá en septiembre después de que la Sala haya aplazado dos veces el fallo.

A finales de año está previsto además que comience el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que además de a Rato sentará en el banquillo a una treintena de exconsejeros y antiguos directivos; en esta causa, la fiscalía pide cinco años de prisión por presunta estafa.

Por lo que respecta a la causa que investiga el origen de su fortuna, Rato ha manifestado que se trata de "una caza de brujas" en la que se le imputan supuestos delitos fiscales que "pudieron y debieron" ser comprobados antes de ser denunciados.

Rodrigo Rato, momentos antes de su comparecencia en la Comisión de investigación
En la lista de morosos de 2018