El juez que lleva el caso de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, Adolfo Carretero, ha solicitado al consistorio todas las propuestas u ofertas de distribución de material sanitario que recibió en la misma fecha que el ofrecimiento del empresario Luis Medina, tal y como se desprende del auto al que ha tenido acceso laSexta. El objetivo no es otro que comparar las condiciones de estas ofertas.
Con esta decisión, el juez acepta una batería de diligencias a petición de Más Madrid al considerar que podría ser útil para esclarecer los hechos investigados en el procedimiento.
Concretamente, se piden todas las ofertas que llegaron al correo institucional de cgalcaldía@madrid.es, entre los días 13 y 24 de marzo de 2020. También se piden las que llegasen a la dirección de correo @madrid.es, perteneciente a la coordinación general de alcaldía, entre el período del 13 de marzo al 30 de abril de 2020.
Además, se solicitan otras propuestas u ofertas que pudieran llegar vía WhatsApp, Telegram, o de modo verbal que figuren registradas.
Por último, se piden las ofertas y propuestas que pudiese recibir Elena Collado Martínez, coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal, a través de sus correos corporativos. Y es que según han declarado los investigados, Luis Medina y Alberto Luceño, fue a ella a quien se dirigieron para hacer la oferta y cerrar la contratación de material sanitario para el Ayuntamiento.
No otorga al primo de Almeida la condición de investigado
Por otro lado, este auto recoge la decisión de Carretero de rechazar el recurso en el que el PSOE pedía que Carlos Martínez Almeida, primo del alcalde de Madrid, pasase a ser "investigado" en vez de testigo en la causa.
Destaca el juez que no existe prueba de que Martínez Almeida "interviniese en las negociaciones de los investigados con el Ayuntamiento de Madrid y menos que tuviese compensación económica para ello". Así, considera que su papel en el caso se limitó a facilitar a Medina un e-mail del Ayuntamiento que es de conocimiento público
Además, el magistrado también rechaza un recurso de Podemos señalando que no hay indicios para imputar un delito de prevaricación administrativa a la concejala Engracia Hidalgo ni a Elena Collado por el convenio que firmaron el Ayuntamiento y la Empresa Funeraria Municipal para que este organismo pudiera comprar sin trabas administrativas material sanitario durante la pandemia.