La causa de la DANA

La jueza de la DANA rechaza la declaración de Carlos Mazón pero le da la posibilidad de comparecer de forma voluntaria

Los detalles La jueza de Catarroja recoge en su auto que Mazón solo puede declarar voluntariamente en su condición de aforado como presidente de la Generalitat Valenciana, rechazando la petición de las acusaciones particulares de que fuese citado como investigado.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, en una imagen de archivoCarlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, en una imagen de archivoAgencia EFE

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de investigar las responsabilidades de la gestión de la devastadora DANA ocurrida el pasado 29 de octubre, ha dado la oportunidad a que Carlos Mazón pueda declarar de forma voluntaria en la causa. En el auto al que ha tenido acceso laSexta, la magistrada de Catarroja recuerda que no puede citar a Mazón en su calidad de aforado, por lo que su declaración como investigado o querellado "solo puede llevarse a cabo de forma voluntaria si por el aforado se solicitara".

La instructora añade que ha de hacer llegar esta resolución a Mazón para que tenga "conocimiento" de las misma, "al objeto de que pueda tener conocimiento de las imputaciones que se están realizando respecto del mismo".

En este auto, la jueza rechaza investigar la información de los agentes de la Policía autonómica que escoltaban a Mazón ese día. Así, se rechazan las peticiones de dos acusaciones particulares, tanto para que se cite como investigado a Mazón como para indagar en el equipo de escoltas que le acompañaban.

Pradas, imputada por un delito contra los derechos de los trabajadores

En este auto, la jueza de Catarroja ha decidido citar a declarar como investigados en la causa a la exconsellera de Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso. Ruiz Tobarra atiende así a una querella interpuesta por un delito contra los derechos de los trabajadores.

La magistrada argumenta que, aunque "no poseían específicas responsabilidades en mantenimiento de la seguridad de los trabajadores", se presenta como "indudable que sus acciones y omisiones afectaron a alguno de los fallecidos que volvían de su trabajo".

La jueza asegura que, además "de la remisión de correos electrónicos entre las 16:13 horas y las 18:43 horas que informaban sobre el caudal", Pradas también debía "atenderse a la información que se proporcionaba por el SAIH". Extremo que en distintas ocasiones se ha puesto de relieve para confrontar, precisamente, esas acusaciones que venían de la Generalitat Valenciana, todavía dirigida por Carlos Mazón.