Investigación de la tragedia
La jueza de la DANA sostiene que las muertes se podían evitar y que el aviso a la población fue "tardío" y "errado"
El contexto La alerta llegó a los móviles a las 20:11 del día de la tragedia, cuando ya había pueblos inundados. Aconsejaba evitar desplazamientos, pero muchas de las víctimas murieron en sus casas, en garajes o en la calle.
Los daños que causó la DANA "no se podían evitar", pero "las muertes sí". Así lo sostiene en un auto la jueza de Catarroja que investiga la gestión del temporal, que se saldó con 224 víctimas mortales y tres personas que aún hoy continúan desaparecidas
La magistrada afirma además en otra resolución, en este caso citada por Efe, que el aviso que se envió a los móviles de la población valenciana fue "notablemente tardío" y "errado en su contenido". Una alerta que llegó a las 20:11 horas del día de la tragedia y que aconsejaba evitar desplazamientos, cuando muchas de las víctimas acabaron muriendo en casas y garajes o en la calle.
Son algunas de las conclusiones que la magistrada expone en diversos autos notificados esta semana, en los que incide en "la evitabilidad del abrumador número de fallecimientos" y recalca que el objeto de la investigación se ha de centrar "en la palmaria ausencia de avisos a la población, que no pudo tomar ninguna medida para protegerse".
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja cree que es "evidente la imposibilidad absoluta de los cuerpos de bomberos de evitar o simplemente reducir el altísimo número fallecimientos o las lesiones que tuvieron lugar el 29 de octubre, aun en el supuesto de una correcta y adecuada organización y despliegue de dichos cuerpos".
La jueza cree que que no hay una causalidad entre los fallecimientos y la inactividad de los bomberos a la que aluden algunos denunciantes porque la situación "hacía inviable que los vehículos de bomberos se introdujeran por las calles" para "salvar a la población que perecía ahogada" y que "mucho menos era factible que de manera individual los bomberos se desplazaran entre las calles".
A su juicio, "la tardanza en recibir ayuda las poblaciones afectadas o la descoordinación se ha de dilucidar en otros ámbitos, en la jurisdicción contenciosa, o en el político".
Los autos de la jueza
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana informaba el lunes de que la jueza había notificado un auto en el que pregunta a la Conselleria de Interior si en el CECOPI había "alguna otra autoridad" distinta de las 29 personas y organismos que ya formaban parte de él el 29 de octubre entre que se convocó a las 17:00 y se emitió la alerta a las 20:11 horas. Previamente, la magistrada había pedido información sobre el envío de esa alerta a la Subdirección General de Emergencias de la comunidad.
A su vez, el juzgado ha dictado otras cuatros resoluciones en el marco de este procedimiento. En una de ellas, pide a Asociación de Damnificados Dana Horta Sud que identifique a sus miembros que resultaron lesionados, qué tipo de lesiones sufrieron y el tratamiento que precisaron. Es ante la querella de dicha asociación que la jueza sostiene que los daños "no se podían evitar", pero "las muertes sí" al inadmitir lo relativo a los daños por imprudencia grave que se alegaban en ella.
La magistrada alude en este sentido a un auto anterior, del 11 de febrero, donde se recogía que la investigación penal en curso se ciñe a los fallecimientos y a las lesiones que requirieron tratamiento tras una primera asistencia facultativa. "Ello no significa que no hayan de obtener la oportuna reparación los daños materiales, la destrucción que ha asolado a las poblaciones y que han afectado a centenares de miles de personas, sino que ni este proceso ni la jurisdicción penal son competentes para su conocimiento", precisa.
Por esta misma razón, la magistrada ha rechazado también, en otro auto, la personación en la causa como perjudicados de cuatro personas que sufrieron daños en sus bienes por las inundaciones. Sí acepta, en cambio, la personación como acusación particular de la familiar de varias víctimas mortales, que había presentado un escrito a tal efecto bajo la representación legal de la asociación Liberum. A esta entidad el juzgado sí le requiere el pago de una fianza de 6.000 euros para ejercer la acción popular.
Además, la magistrada ha acordado librar oficio a la Aemet para que emita un informe de las actuaciones que llevó a cabo en el ámbito de sus competencias el día de la tragedia y ha pedido al teléfono de emergencias 112 que informe de a partir de qué momento de ese día se comenzaron a recibir llamadas sobre los efectos de la DANA y de qué poblaciones procedían.
Finalmente, el juzgado ha requerido de nuevo a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la información que ya le pidió sobre los caudales del barranco del Poyo, porque el contenido que le remitió hace unos días no se corresponde con lo solicitado.