La jueza que investiga la DANA desmonta las mentiras de Mazón e insiste en que los datos de los barrancos estaban actualizados

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no está imputado por su gestión en la DANA del pasado 29 de octubre, pero el repaso que hace la jueza de sus justificaciones es terrible.

No hay excusa que quede en pie. No hubo ningún apagón informativo: la AEMET informó, los datos del barranco estaban actualizados y los medios de comunicación contamos la situación crítica mucho antes de que el president saliera del restaurante 'El Ventorro'.

De esta manera, la jueza de Catarroja desmonta por completo el discurso de Mazón con el que siempre ha justificado la tardía alerta a la población. Pero la jueza lo niega y dice que nunca hubo apagón informativo. Que fueron varios los canales, durante todo el día, por los que el CECOPI podría haberse informado: la AEMET, las llamadas al 112 -más de 19.000-, los medios de comunicación o la Confederación Hidrográfica del Júcar.

"La Confederación no avisó de que se estaba produciendo la riada del barranco del Poyo", ha asegurado en varias ocasiones Mazón. Pero seguimos leyendo el auto y vemos cómo la jueza sigue destrozando estos argumentos.

La jueza asegura que sí hubo información del barranco del Poyo. Insiste, además, que el Sistema Automático de Información Hidrológica informó en tiempo real y envió correos electrónicos al CECOPI donde ya informaban sobre el caudal.

"Su presidente y su equipo técnico estaban en el CECOPI presentes de forma telemática. (...) Nadie dijo nada, ni el presidente de la confederación ni sus colaboradores", aseguró Mazón en Les Corts.

Fue solo una de las veces en las que Mazón también ha intentado culpabilizar al presidente de la Confederación. Pero, de nuevo, la jueza le quita la razón. Dice que se no le puede atribuir ninguna responsabilidad penal a él porque información hubo.

Donde sí hubo apagón fue en el CECOPI, dirigido por Salomé Pradas. Otra clave que investiga ahora la jueza. La Generalitat le dijo por escrito que ese parón fue un "período de trabajo exclusivamente presencial".

Un eufemismo para la jueza que solo demostraría que la decisión de enviar la alerta a la población era una cuestión autonómica. Porque durante ese parón, los organismos dependientes del Gobierno que Mazón siempre ha intentado inculpar se quedaron fuera. La AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar estaban conectados en una videollamada que se fue a negro.