La jueza argentina María Servini, encargada de investigar desde hace años los crímenes de la dictadura franquista en España, ha dictado el procesamiento del exministro Rodolfo Martín Villa por delitos de homicidio y tortura en los años inmediatamente posteriores al régimen. En concreto, la base de esta actuación judicial son los asesinatos de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz y el de Sanfermines en 1978. En el auto, al que ha accedido laSexta, se ha decretado prisión preventiva para el investigado, la cual "no se hará efectiva", y un embargo de sus bienes hasta cubrir una suma de más de un millón de pesos (casi diez millones de euros).
Para explicar el papel de Martín Villa en estos sucesos, en el auto se recuerda que fue "ministro de Relaciones Sindicales e integró el Consejo de Ministros y ocupó una posición preponderante en esa estructura organizada de poder" -referida al aparato del régimen-. Su mandato coincidió con "la época de los sucesos de Vitoria en marzo de 1976, donde resultaron muertos Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro y Francisco Aznar Clemente, entre otros". Luego, prosigue el texto, "desempeñó el cargo de Ministro de la Gobernación, máxima autoridad de la estructura jerárquica del Orden Público, para el tiempo en que tuvieron lugar los hechos de los Sanfermines de Pamplona, el 8 de julio de 1978, en los que fue asesinado Germán Rodríguez Saíz".
Expuesto el contexto y la posición de Martín Villa como miembro superior de "esa estructura organizada de poder" y su mando ejecutorio, la jueza entiende que el exministro "conocía y propiciaba la forma en que las llamadas fuerzas de Orden Público reprimían y combatían a quienes se manifestaban en favor de una ruptura total con el régimen". En este sentido, advierte que "toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección ahora de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición", y añade: "Durante los primeros años se mantuvieron las normas, estructuras, agentes y las prácticas represivas propias de aquel".
Esta cuestión última resulta importante para Servini, pues, como ya sucedía anteriormente, se permitía asegurar "a las fuerzas del orden público la impunidad de su actuación por todos los medios a su alcance". Así, se infiere que la intervención de Martín Villa "resultó central" para la configuración y el desenlace fatal de estos sucesos, pues no habrían podido llevarse a cabo "si el imputado, en su calidad de ministro del Interior (o Gobernación), no hubiese brindado los medios necesarios a dichos efectos". Así, para la magistrada, "este es un aspecto más en el que se refleja el dominio que tuvo el nombrado del aparato de poder a través del cual se perpetraron" los hechos.
Otro elemento que permite reafirmar su responsabilidad es la garantía de impunidad de los ejecutores de las órdenes de represión (el sobreseimiento sistemático de las causas)"
La magistrada cuenta con otro elemento más "que permite reafirmar la responsabilidad –en calidad de autor mediato-" de Martín Villa con respecto de los hechos que analiza el auto: "La garantía de impunidad de los ejecutores de las órdenes de represión (el sobreseimiento sistemático de las causas donde se denunciaron sucesos de esta índole)".
"Para que el personal reprimiera las manifestaciones, reuniones, etc., de la manera que lo hacían, con la utilización sistemática de armas de fuego y sin que 'les importara matar' o 'seguir matando', exigía que desde los estratos superiores de la estructura de poder se otorgaran todas las seguridades acerca de que las acciones se iban a desarrollar sin ninguna interferencia y consecuencias para ellos", destaca en el auto Servini, que por ello cree que se encuentra acreditada la responsabilidad del imputado "en calidad de autor mediato en los delitos que le han sido atribuidos conforme lo ya desarrollado en los Considerandos anteriores".
Por ello, para el titular de la cartera de Gobernación entre 1976 y 1979 se ha dictado prisión preventiva, medida que, según el auto, "no se hará efectiva en razón de la eximición dispuesta oportunamente por la Alzada". Asimismo, la magistrada ha ordenado el embargo de los bienes de Martín Villa hasta cubrir "la suma de 1.134.000.000 pesos". Martín Villa ya ha anunciado que recurrirá ante la Cámara de Apelación argentina el auto de su procesamiento, así como la fianza impuesta, según han confirmado a la Agencia EFE fuentes cercanas al exminitro.
Esas mismas fuentes aseguran que varias de las muertes de las que se responsabiliza a Martín Villa se produjeron en marzo de 1976, siendo él titular de Relaciones Sindicales. Argumentan, por tanto, que el exministro no tenía competencias sobre la Policía y que esa cartera la ocupaba en aquel momento Manuel Fraga, que se encontraba de viaje en Alemania. En esta línea, han aseverado que la muerte de Germán Rodríguez a manos de la policía en Pamplona se produjo en el marco de una protesta para pedir la excarcelación de presos en ETA procesados por asesinatos.
Por su parte, la jueza ha reclamado a diferentes administraciones españolas que aporten más documentación certificada de las diligencias penales y sumarios sobre casos de personas asesinadas donde Martín Villa es el principal investigado. Sin embargo, esa colaboración demandada de la justicia española podría no darse. Precisamente, en el auto se recuerda que "el imputado es español y reside en dicho país, cuyas autoridades, en su oportunidad, denegaron el pedido de detención internacional con fines de extradición dispuestas y gran parte de las comisiones rogatorias libradas por este Juzgado".