Después de que el tribunal, presidido por Juan Antonio Calle, permitiera que se leyeran los escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción y el PP-A, entre críticas de las defensas por "innecesario" al estar los acusados "instruidos" de los hechos que se les imputan, la mayoría de los abogados ha decidido que se oigan también en sala sus conclusiones exculpatorias.
"Sospecha ominosa", "conclusiones ridículas", "acusaciones enmarañadas" y "esperpénticas" o "errores garrafales" son algunos de los calificativos usados por los letrados de Chaves, Griñán o los exconsejeros de la Junta como Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, para desmontar la existencia de delitos de prevaricación, malversación y asociación ilícita, por los que sus clientes se enfrentan a entre 2 y 10 años de cárcel.
Han negado la ilegalidad del "mal llamado procedimiento específico" por el que, entre 2001 y 2011, el Gobierno andaluz repartió más de 850 millones en ayudas sociolaborales de forma "arbitraria" y "sin control", para reducir a "discrepancias entre criterios contables" los reparos por "inadecuado" que puso a este sistema el interventor, también imputado porque ni lo paró ni alertó de menoscabo de fondos públicos.
Previamente, la defensa de Vallejo, ejercida por la letrada Encarnación Molino, ha pedido que se leyera el escrito en el que la Junta solicitaba el archivo, al indicar que si no la lectura de las acusaciones está "incompleta".
El tribunal de la sección primera de la Audiencia de Sevilla se ha negado porque "no procede" ya que al no ejercer acusación, el Gobierno andaluz quedó excluido del proceso.