El juicio a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como el Pequeño Nicolás, por presuntamente hacerse pasar por un enlace entre el Gobierno y Casa Real en un viaje a Ribadeo (Lugo) ha quedado visto para sentencia después de que el acusado no haya hecho uso de la última palabra.
En declaraciones a laSexta tras la sesión del juicio, ha asegurado que espera una sentencia absolutoria y que no le preocupa esta causa: "Estoy muy tranquilo con todo, yo creo que en mi cara se ve que estoy tranquilo".
"He pasado muchas causas y de momento todas han sido absolutorias o en fase de instrucción se han archivado", ha dicho Nicolás, que apunta que no ha usado el último turno de palabra porque no ha "querido".
La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado este lunes la última sesión del juicio a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que se ha sentado en el banquillo acusado de los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y cohecho pasivo por aquel viaje a Ribadeo en agosto de 2014 por el que también están procesados dos policías municipales.
En la sesión de este lunes el joven ha declinado hacer uso de su derecho a la última palabra, como ya hizo el martes pasado en el juicio en el que se le acusa de haber falsificado su DNI para que un amigo le hiciera la Selectividad en 2012. El letrado de Gómez Iglesias ha solicitado este lunes su absolución por el viaje a Ribadeo, destacando que el acusado ha sido "un imitador que se quería relacionar con el poderoso" para saciar su "ánimo megalómano".
Asimismo ha subrayado que los hechos juzgados son "poco morales", pero esto no quiere decir que constituyan un delito. "No estamos aquí para describir el perfil del Pequeño Nicolás, sino para saber si hay responsabilidad penal", ha señalado.
Por su parte el fiscal mantuvo la petición de siete años de prisión para el Pequeño Nicolás por haberse hecho pasar presuntamente por un cargo relacionado con la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real con el fin de reunirse con el presidente de Alsa, Jorge Cosmen.
También sostuvo su solicitud de pena de 11 años de cárcel el letrado de la acusación popular, ejercida por la Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid (APMU). En su declaración, Gómez Iglesias relató al tribunal que solo quiso sentirse "poderoso" y "tirarse el pisto", pero nunca tuvo la intención de hacerse pasar por una autoridad.
Psiquiatras forenses de los juzgados de Madrid ratificaron el informe que elaboraron en 2018 para otra causa, en la que el Pequeño Nicolás fue absuelto de un delito de injurias y calumnias contra el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en 2016. En este informe concluyeron que padece un trastorno de la personalidad con "rasgos narcisistas" e "inmadurez" desde su adolescencia que, a su criterio, es "compatible" con la búsqueda de ampliación de poder que reconoció Gómez Iglesias.
Un testimonio clave para la Sala fue el del empresario Jorge Cosmen, quien aseveró que el acusado se le presentó con dicho cargo de enlace y narró cómo recibió una llamada durante la comida que compartieron en el restaurante del Club Náutico de Ribadeo a la que respondió: "¿Vicepresidenta?".
Junto al Pequeño Nicolás están procesados en esta causa el cabo de la Policía Municipal de Madrid Jorge G.H. y el policía municipal de Torrijos (Toledo) Carlos P.L.D., que acompañaron a Gómez Iglesias en su viaje a Ribadeo.
El fiscal, que solicitaba cinco años y medio de prisión por sendos delitos de usurpación pública y cohecho pasivo para cada uno de ellos, rebajó su petición, proponiendo que solo se les impute uno de esos dos delitos, no ambos.
Francisco Nicolás Gómez Iglesias ha subido las escaleras de la Audiencia Provincial de Madrid en siete ocasiones durante las últimas dos semanas de este mes de mayo, en el que se han celebrado dos de los cuatro juicios en los que está procesado por presuntas estafas, falsificaciones y suplantaciones que protagonizó entre 2012 y 2014.
Entre las cuatro causas se enfrenta a la petición de la Fiscalía de 27 años y tres meses de cárcel por delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documentos oficiales, cohecho pasivo, estafa, pertenencia a grupo criminal y revelación y violación de secretos.
Una de estas causas, en la que se le acusa de falsificar un DNI para que un amigo hiciera el examen de selectividad en su nombre, quedó vista para sentencia el pasado martes, después de que no hiciera uso de su derecho a la última palabra.