El líder de ERC Oriol Junqueras ha pedido a la Junta Electoral Central (JEC) que no ejecutela resolución que le impide ser eurodiputado, ya que la recurrirá ante el Tribunal Supremo, donde solicitará su suspensión cautelarísima al considerar que vulnera sus derechos fundamentales y políticos.

Así lo sostiene Junqueras en un escrito remitido a la JEC, después de que este organismo declarara el pasado 3 de enero la pérdida de su condición de parlamentario europeo, alegando que la Ley Orgánica Electoral (LOREG) dispone que "son inelegibles" los condenados a pena privativa de libertad "en el periodo que dure la pena".

Junqueras, que cumple en prisión la condena a 13 años por sedición y malversación que le impuso el Supremo en el juicio a la cúpula del 'procés', solicita a la JEC que, mientras el alto tribunal resuelve el recurso que interpondrá contra su resolución, se abstenga de realizar cualquier acto de ejecución de la misma.

Según el líder republicano, la resolución acordada por la JEC el pasado viernes, 3 de enero, para retirarle la condición de eurodiputado, vulnera sus derechos fundamentales y políticos.

Por este motivo, Junqueras comunica a la JEC su "firme intención" de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a la que solicitará como medida cautelarísima la suspensión de la resolución del árbitro electoral.

La resolución de la JEC sobre Junqueras se produjo una vez el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había determinado que el líder de ERC debió ser reconocido como eurodiputado y haber gozado de inmunidadtras las europeas de mayo pasado, cuando aún no había sido condenado por el Supremo.

Al igual que Junqueras, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, también anunció que recurriría ante la sala contencioso-administrativa del Supremo la resolución de la JEC que ordena retirarle el acta de diputado en el Parlament, lo que a la práctica acarrearía su inhabilitación como presidente. En el caso de Torra, la JEC argumentó que pesa sobre él una condena de un año y medio de inhabilitación por desobediencia por parte del Tribunal

Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por no retirar a tiempo los lazos amarillos de edificios públicos en periodo electoral, si bien la sentencia no es firme ya que está pendiente de recurso ante la sala penal del Supremo.