Junts se jacta de poner remedio a la migración en Cataluña bajo la excusa de la "emergencia lingüística"

"Si no hay catalán, no se van a dar los papeles". Una escueta frase bastó en la tarde de este miércoles para vislumbrar las motivaciones de Junts una vez han logrado algo que resultaba imposible incluso para el propio Gobierno -al menos, según lo que decía unas semanas atrás-: la delegación de competencias estatales claves en materia de inmigración y control de fronteras al poder autonómico catalán. Un triunfo político importantísimo para el independentismo de derechas, que no ha tardado en exponer sus intereses si en el futuro logran controlar de nuevo el Govern de la Generalitat.

Al mando de toda la negociación con el PSOE ha estado un Carles Puigdemont que, una vez cerrado el pacto migratorio, no tardó en aventurarse a afirmar que hablar catalán sería "imprescindible" para la renovación del permiso de residencia en Cataluña. "Si una administración tiene que hacer un informe de arraigo para renovar una residencia o para adquirir la ciudadanía y no hay un elemento indispensable, que es el conocimiento lingüístico, no puede haber informe favorable", dijo sin tapujos el líder de Junts, realizando así un esbozo público del polémico posicionamiento de su partido.

Casi al mismo tiempo, fuentes de Junts trasladaban a laSexta que "sin el conocimiento de la lengua catalana no hay integración plena", e insistieron varias veces en la idea de que resulta "absolutamente necesario" saber catalán para la obtención de papeles. Un enfoque que, este miércoles, ha seguido trasladando la portavoz parlamentaria del partido, Míriam Nogueras, asegurando que "es importante demostrar que hay una integración". "Estamos en una emergencia lingüística, si no hay el conocimiento de la lengua es obvio que no hay integración plena". Hablan de "emergencia lingüística" para ocultar un discurso que se asemeja a los mensajes de ultraderecha.

"Que nos pongan las etiquetas que quieran, nosotros solo buscamos las mejores soluciones para Cataluña"

Jordi Turull (secretario general de Junts)

Son conscientes de esa etiqueta, a tenor de lo expresado por Jordi Turull minutos antes de que hablara Nogueras. El secretario general de Junts ha encarado directamente esas críticas, procedentes de distintas formaciones a lo largo y ancho del país, pero despejando la pelota de una manera muy extraña: "Si nos llaman racistas, eso incrementa la extrema derecha. Que nos pongan las etiquetas que quieran, nosotros solo buscamos las mejores soluciones para Cataluña". Esto es, los racistas son otros, pero si nos llaman racistas, nos da igual porque pensamos en lo mejor para nuestro territorio.

Lo cierto es que los independentistas conservadores ya parecían estar preparados para el reproche, y no es de extrañar a tenor de lo que se recogen en algunos puntos del polémico pacto con los socialistas; puntos como "las devoluciones de extranjeros (cuando tengan prohibición de entrada)" y la "instrucción y ejecución de expulsiones que no requieran expediente (devolución)", o como las "contrataciones en origen", reseñándose que será Cataluña quien "determinará (junto a sus empresas y sindicatos) los perfiles y el contingente de trabajadores y trabajadoras extranjeras". Polémicas cesiones que componen un modelo propio, una política integral, de la relación de los inmigrantes con las instituciones catalanas.

Asimismo, Junts ha defendido su pacto atacando lo que hacen otras comunidades. Nogueras ha asegurado que no se puede esperar nada bueno de cómo se tramitan esos permisos en Burgos o Salamanca. La realidad es que si se repasa el discurso de los de Puigdemont sobre este tema, se puede observar que están muy cerca de la ultraderecha. Vender la inmigración como problema es una bandera que la formación catalana ha agitado en las últimas campaña electorales, acusando a los inmigrantes de tensionar los servicios públicos; cuando no, vinculándolos a la delincuencia.

Hablan de esta forma de supuestos delincuentes extranjeros que, según Turull, nunca son condenados: "Vas al juzgado y entras y sales, entras y sales. No es que haya multirreincidencia es que hay inmunidad". Un discurso acentuado desde la aparición de la ultraderechista Aliança Catalana, que compite con Junts en Cataluña. Pero la mirada con recelo a los inmigrantes viene de lejos. A lo largo de su vida política han presentado suspicacias frente a otras culturas y hasta con castellanoparlantes que viven en Cataluña. Para el expresident Quim Torra, uno de los predicadores de este discurso claramente antiinmigración estas críticas solo fueron un exceso. Les calificó en un artículo de "carroñeros", "víboras" y "hienas"; "bestias con forma humana".

Un Gobierno "absolutamente cómodo" con el pacto

Mientras Junts sigue por libre haciendo bandera de un discurso que se acerca a la ultraderecha, con sorprendente cercanía a la postura de formaciones como Aliança Catalana, el Gobierno sigue intentando defender como puede un acuerdo que resultaba clave para, como mínimo, la estabilidad de la legislatura. Es por ello que han insistido mucho en la idea de "delegación" de competencias -y no de transferencia, para hacer entender que las decisiones finales en esta materia siguen perteneciendo al Estado-, así como que en ese mismo plan caben "todos" si se hace una lectura "profunda" de lo acordado. En estos términos se ha expresado el ministro de Economía, encargado este miércoles de defender lo firmado.

En declaraciones a medios, Cuerpo ha asegurado que el texto es "equilibrado" y que supone verdaderamente un "avance" en cuanto a eficiencia en la gestión a través de la entrega de esa competencia a Cataluña, comunidad que, como ha querido también recordar, ahora mismo presiden los socialistas comandados por Salvador Illa. Asimismo, el titular de la cartera ha defendido que, con esta cesión, la gestión de las fronteras la hará "autoridades que están más cerca del terreno" y, que por tanto se esperan "resultados muy positivos". Y por si hubiera dudas, ha reclamado "ir al fondo del acuerdo" en cuanto al impacto "positivo" que tiene la inmigración en el crecimiento económico de España, afirmando afirmando en esta línea que el Gobierno pretende "seguir reforzando ese impacto positivo".

En una línea similar se ha expresado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha ido aún más lejos al manifestar que el Gobierno está "absolutamente cómodo" con el pacto alcanzado con Junts; un pacto con cesión de competencias que "está en línea con los principios que inspiran la política del Gobierno" en el ámbito de la migración. Esto es, tal y como ha expresado, "la defensa de los derechos humanos". Asimismo, ha dicho sin dudar que la futura norma será "plenamente constitucional", ya que recoge "una delegación de competencias contemplada en el artículo 150.2" de la Carta Magna.

Ya en declaraciones a laSexta, fuentes del Gobierno han recordado que "si alguien ha velado por los derechos de los inmigrantes, ese es el PSOE". Por si acaso, han querido aclarar, sirviéndose de ejemplos, que "en un control en la Junquera o en el aeropuerto, quien selle en primera instancia el pasaporte seguirá siendo la Policía". Y en lo relacionado a las expulsiones, han reseñado que, si se necesita expediente, los mossos solo pueden proponerlo, pero quien decide es el Estado. Y para finalizar, han avisado: "Una delegación de competencias es reversible: el Estado puede hacerse con ellas de nuevo si no se hace uso adecuado".