Pese a todos los últimos esfuerzos del Gobierno para convencer al PP para sacar la votación de la ley de Extranjería adelante, finalmente no han conseguido su voto favorable. Ni los durísimos mensajes de los diputados de Coalición Canaria y PSOE este martes desde la tribuna del Congreso han conseguido abrir los ojos a las formaciones para apoyar la reforma. PP y Junts han tumbado la votación de esta tarde del reparto de menores migrantes no acompañados. Una decisión con la que se agrava, todavía más, la situación límite que viven en los centros de Canarias.

Coalición Canaria es la voz que más se ha alzado en el debate sobre la crisis migratoria de las islas. "Ya les gustaría que se quedaran allí (...) mientras no toquen su querida Península (...) ni siquiera por los niños son capaces de apartar el odio que se tienen!, reprochaba su diputada Cristina Valido.

La tramitación de la ley de Extranjería la apoyan casi todos los socios parlamentarios, empezando por Sumar cuyo diputado Nahuel González no ha dudado en desmontar desde la tribuna de la Cámara Baja el discurso que vincula la inseguridad con la migración: "Los delitos por menores migrantes se han reducido en los últimos diez años, por lo tanto es mentira todo el discurso de la derecha", ha insistido.

Sin embargo, Junts ha votado 'no' junto a PP y Vox. Así, la reforma no ha salido adelante por 177 votos en contra, 1 abstención y 171 votos a favor. Los socios de Gobierno, de quienes se necesitaba aunque sea la abstención, se han opuesto a la reforma porque consideran que los migrantes van a "a seguir sobresaturando Cataluña", como así ha asegurado su portavoz Miriam Nogueras este martes. Un argumento antiinmigración al que le ha respondido ERC. Su diputado Jordi Salvador i Duch ha asegurado que "no cumplir esto es extrema derecha", a la vez que ha asegurado que "Cataluña con orgullo siempre ha sido tierra de acogida".

Millares de menores esperan

La proposición de ley de reforma de la Ley de Extranjería que finalmente no ha salido adelante en el Congreso de los Diputados proponía modificar el artículo 35 de la norma para establecer un reparto vinculante de los menores migrantes no acompañados entre las diferentes comunidades autónomas desde las regiones más afectadas, el cual debería completarse en los 15 días posteriores al registro del menor.