Varapalo de la justicia canaria al protocolo de Clavijo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha accedido a la petición de recurso de la Fiscalía Superior de Canarias y ha suspendido de forma cautelar la aplicación del protocolo del presidente de Canarias, que dejaba, en su opinión, desatendidos a los menores migrantes no acompañados.
En ese sentido, la Fiscalía entiende que el Protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad, recogido en el artículo 14 de la Constitución, y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución.
El ministerio fiscal, en el mismo recurso, solicitaba al Tribunal como medida cautelarísima la suspensión del citado Protocolo, ya que su ejecución suponía la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la Comunidad Autónoma.
El auto, entre sus razonamientos jurídicos, dice lo siguiente: "No cabe perder de vista, en efecto, la repercusión que es susceptible de desplegar la aplicación del Protocolo sobre un colectivo tan especialmente sensible y vulnerable como es el de los menores al que van dirigidas las actuaciones contempladas en el mismo".
Reunión gobierno, Clavijo y PP la próxima semana
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, ha anunciado que el gobierno de España, el gobierno de Canarias y el Partido Popular se reunirán la próxima semana para debatir sobre políticas migratorias e intentar dar una solución a dicho problema, al igual que a la acogida de menores no acompañados.
En sus palabras, el ministro ha expresado la urgencia de "modificar el artículo 35 de la ley de extranjería", y que tratarán de llevar a cabo dicho cambio para hacer frente a la situación migratoria que se vive tanto en Canarias como en el resto de España. Torres ha tendido la mano, en sus palabras, tanto al presidente canario como a la oposición.
El pasado 12 de agosto ya hubo una reunión entre Torres, Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, y Clavijo en donde alcanzaron un principio de acuerdo. Cuando los centros superasen el cien por cien de su capacidad, y hasta el 150%, las comunidades atenderían a esos menores haciendo "un esfuerzo con recursos de la Administración General del Estado".
Según apuntan fuentes recogidas por Europa Press, el PP ha constatado un cambio en el ministro Torres y en el propio gobierno, con el fin de sacar adelante este pacto migratorio. Sin embargo, esperaban que el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero le permitiera aportar recursos económicos.