Ha sido el único caso de un torturado por el franquismo que tuvo la oportunidad de declarar y contar su caso ante una jueza en España, en virtud de la Ley de Memoria Democrática, un caso que ha quedado en nada. La jueza del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha puesto fin al proceso penal interpuesto por Julio Pacheco Yepes tras haber sido torturado en agosto de 1975, según ha comunicado este martes las ONG que han seguido los casos de torturas franquistas.
El caso arrancó el 12 de mayo de 2023, cuando la Jueza titular de dicho juzgado, Ana María Iguácel Pérez, admitía a trámite la querella criminal presentada por Julio Pacheco en la que denunciaba las torturas sufridas, en un contexto de crímenes contra la humanidad, en agosto de 1975. Pacheco pudo declarar meses más tarde junto a una testigo, Rosa María García Alcón. Esta querella, apunta las ONG -CEAQUA, Amnistía Internacional, Iridia y Sira-, había supuesto un hito en la historia de su lucha contra las torturas franquistas, pues había sido la única en la que, después de ser admitida, se había citado a los querellados en calidad de investigados y se había tomado declaración.
"6 años de lucha en los juzgados españoles y más 100 querellas criminales presentadas denunciando crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista" que ahora reciben una estocada final con la petición de arhcivo de la causa por prescripción, atendiendo al contenido del Auto 57/2024 dictado por el Pleno del Tribunal Constitucional.
En este Auto, señalan, se cerraba la vía judicial en los juzgados españoles de otra querella por delitos de tortura durante la dictadura franquista, presentada por Francisco Ventura Losada. El Tribunal Constitucional, en el Auto que ha provocado el archivo de la causa de Julio Pacheco, considera que la vigente Ley de Memoria Democrática no sustituye a dicho Tribunal en la interpretación de los derechos fundamentales y que su articulado es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas.
Es por ellos que las ONG consideran que la Ley de Memoria Democrática aprobada en el año 2022 "sigue siendo insuficiente" para acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo y denuncia que "todas las querellas presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma han sido inadmitidas o archivadas". "Las entidades memorialistas y de derechos humanos seguiremos luchando por romper el muro de impunidad y que se investiguen y enjuicien los crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo", exponen en su comunicado.