El juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha citado a declarar como investigados al Partido Popular de Salamanca, a su presidente provincial, Javier Iglesias, y a su gerente en Salamanca, Isabel Sánchez, por presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político en el proceso del pago de cuotas por las primarias del PP de Castilla y León en 2017.
Así lo ha dispuesto el magistrado después de reabrir el caso y en un auto en el que cita al PP "a través del representante que especialmente designe" para el 30 de diciembre en los juzgados de Colón, a las 10.00 horas. Posteriormente, en esa misma fecha, tomará declaración, en calidad de persona física investigada, a Javier Iglesias, concretamente a las 10.30 horas, y después, a las 11.00 horas, al gerente de la formación política salmantina "al existir indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político".
Por su parte, el PP de Salamanca ha mostrado en un comunicado su "disposición total" a colaborar con la justicia en esta investigación, sobre lo que ha insistido en la "legalidad" de la actuación realizada por "todos sus cargos" en el proceso. Ante dicha resolución, la formación popular en Salamanca ha manifestado, en primer lugar, "su disposición total y absoluta a colaborar con la justicia para facilitar su labor" y ha recalcado que "la citación a declarar como investigados de personas concretas no supone en ningún caso un pronunciamiento judicial de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna".
Asimismo, ha continuado en el comunicado que "es importante recordar que el origen de este procedimiento es una denuncia anónima, secundada por un partido político (Los Verdes-Foro de Izquierdas) que ha actuado como acusación popular". Por lo tanto, según el PP de Salamanca, "el carácter de este proceso tiene un interés de causar un daño político por parte de un adversario que no ha logrado su objetivo en las urnas".
El PP cree que la actuación ha respetado siempre la legalidad vigente" y tiene "plena confianza" en que este caso sea "archivado" tras la investigación.
De igual modo, ha subrayado que "lo se dirime en este proceso son cuestiones internas de un partido político" y "en ningún caso tienen que ver con la administración pública, sino que se refiere a un proceso de participación interno de un partido". Asimismo, el Partido Popular de Salamanca ha incidido en que "la actuación realizada por todos sus cargos ha respetado siempre la legalidad vigente" y que tiene "plena confianza" en que, tras las investigaciones por parte de la justicia, este caso sea "archivado".
Según ha continuado, los miembros del Partido Popular de Salamanca llevaron a cabo "un proceso totalmente legal, que consistió en pagar cuotas de afiliados para ponerles al corriente de pago y que, de este modo, pudiesen participar en el proceso de primarias que tuvo lugar en el mes de marzo de 2017". A este respecto, ha añadido que "el pago de deudas (cuotas) de terceros está expresamente permitido por nuestro Código Civil, y su ajuste a la legalidad en el caso del Partido Popular de Salamanca ya fue refrendado por la propia Audiencia Provincial de Salamanca".
Ante ello, ha relatado que "exclusivamente para el pago de estas cuotas", cargos y afiliados del Partido aportaron dinero "de su bolsillo, de forma voluntaria y desinteresada, en un ejercicio de colaboración entre compañeros". "Se pretendía hacer más democrático y abierto el proceso y que un número mayor de afiliados pudiesen participar y votar de forma libre, como así fue en realidad. El importe total de dichas aportaciones fue destinado a tal fin. Nada de lo actuado hasta ahora en el proceso de investigación judicial abierto sobre el asunto ha desmentido lo señalado", ha concluido el comunicado hecho público por el PP de Salamanca.