La Audiencia Nacional ha deducido testimonio para que el juzgado competente investigue si la denuncia de Fernando Presencia -juez expulsado de la carrera- contra la fiscal general, Dolores Delgado, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, se basaron en documentos creados "ex profeso".

Fernando Presencia cuenta con dos condenas a diez años de inhabilitación cada una por prevaricación judicial al haber favorecido a dos amigos, uno acusado de atropellar a un peatón y darse a la fuga y otro de estafa. Fue también condenado por calumniar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Manuel García Castellón ha archivado de plano la denuncia que presentó este exjuez y la asociación que preside (Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública) contra Delgado y Zapatero por delitos como fraude fiscal o blanqueo de capitales.

Pero además de ello y con el apoyo de la Fiscalía acuerda deducir testimonio al juzgado decano de Talavera de la Reina, ciudad de Toledo donde está afincada la citada asociación, ante la posibilidad de que la documentación en la que se basó la denuncia fuese creada "ex profeso" para dirigirse contra ambos.

La denuncia aludía a unas notas que llegaron a un buzón público que tiene la asociación para denunciar supuestamente la corrupción. Una de ellas se atribuía al expresidente del Gobierno e iría dirigida a Delgado, siempre según la asociación, que denunciaba que la fiscal general habría recibido ingresos en una cuenta de Panamá.

Ni el juez ni la Fiscalía dan ninguna credibilidad a los hechos denunciados por ACODAP, que no informa ni de quién ha presentado esa información, ni dónde se han obtenido los documentos aportados, ni quién los ha elaborado.

En opinión del magistrado, "carece de un mínimo sustento y apoyo en elemento o principio de prueba".

Pero es que además el juez recuerda que Presencia "no ha dejado de presentar" escritos contra el Gobierno, la judicatura y otras altas instituciones "sin mayor apoyo o base que presuntas denuncias que llegan a su correo".

Se amparan "en un anonimato que impide cualquier actuación seria, rigurosa y respetuosa", dice el magistrado, muy crítico en su auto, donde recuerda que un procedimiento penal nunca puede ser "un instrumento de ataque" contra nadie, independientemente de su cargo o posición institucional.

También crítica se mostró la Fiscalía en un duro informe donde cuestionaba que la denuncia se basase en una "burda composición de unas cartas". En definitiva, la "ausencia de cualquier sustento mínimo que haga verosímil la denuncia", argumenta el juez, conlleva a que "se rechace de plano la apertura de un procedimiento penal" y, "dado el tenor de la denuncia y los documentos presentados", deduce testimonio a los juzgados competentes.