Vía libre a las exhumaciones de las víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los caídos. La sección segunda de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado el recurso de Patrimonio Nacional y ha levantado las medidas cautelares sobre la licencia de obras en la Abadía que impedían empezar las exhumaciones de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.
Fue en el pasado mes de noviembre cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a las víctimas enterradas allí al considerar que se podrían producir "evidentes daños irreparables" en la edificación de la zona si se procedía a "actuar antes de la sentencia definitiva".
El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial había concedido la licencia para llevar a cabo las obras hace meses, después de que el Ejecutivo hubiese recibido más de 60 solicitudes de familias que querían recuperar los restos allí enterrados; tantos de republicanos como de hombres vinculados al bando nacional. Estas obras no habían comenzado aún cuando se suspendieron de manera cautelar.
El auto del juzgado recogía que la razón de ser de la justicia cautelar residía en "la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso y este requisito forma parte de la esencia de la medida cautelar". "En definitiva, con ella se intenta asegurar que la futura sentencia pueda llevarse a la práctica de modo útil y tal como señaló el Tribunal Supremo al resolver una medida cautelar en un asunto atinente al Valle de los Caídos", se añadía.
Una razón que no bastaba a los familiares de las víctimas que querían exhumar los restos de sus allegados que aún se mantienen allí. "Parece que hay un sector de la población que no asume ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho ni el ordenamiento jurídico. La parte positiva es que siempre prevalecen los derechos de las víctimas y quien gana siempre es la democracia", señaló el abogado de la familia de los hermanos Lapeña, una de las exhumaciones que estaban pendientes de ejecutar.