Todo ello debido a la decisión del Gobierno de desvincular las revisiones de las pensiones del IPC. En un comunicado, el colectivo de abogados ha explicado que en la demanda invocan la vulneración por parte del Estado español del convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Código Europeo de Seguridad Social y la Carta Social Europea.
Según aseguran, la normativa establece "de forma nítida la obligación por parte de los estados de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas frente a los incrementos del coste de la vida", y concretamente la Carta Europea pide tender progresivamente a elevar el nivel de protección de la Seguridad Social. El abogado Miguel Arenas ha puntualizado que "España está obligada a respetar el contenido de la normativa internacional que ha firmado y ratificado", que por jerarquía legislativa se sitúa por encima de la norma estatal, con la única excepción de la Constitución.
Para el colectivo, esta es "una política que de forma evidente resulta plenamente incompatible con la decisión del Gobierno de desvincular la revalorización anual de las pensiones respecto al IPC", una medida que España tomó en 2012 con el Real decreto ley 28/2012, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social. Destacan que esta medida que desvincula las revisiones del importe de las pensiones de la evolución del IPC mediante el denominado Indice de Revalorización de las Pensiones (IRP) ha supuesto entre 2010 y 2017 que los pensionistas españoles hayan perdido una media de 670 euros al año, según un reciente estudio de UGT.
Sandoval ha considerado que esta medida y otras que se están analizando como ampliar los años de cotización para calcular la pensión o el retraso de la edad de acceso a la jubilación responden a la voluntad manifiesta de reducir al máximo el gasto "aunque suponga poner en cuestión la viabilidad del sistema y condenar a la pobreza a una parte importante de la población jubilada".
"Los efectos de desvincular la revisión anual de nuestras pensiones del IPC ya se ha traducido en un empobrecimiento real de los pensionista y todavía lo hará más", ha vaticinado, además de explicar que acuden a la justicia comunitaria tras haber agotado la vía judicial española sin obtener respuesta. El portavoz de Marea Pensionista ha informado de que el próximo jueves tendrán lugar movilizaciones en 60 localidades de toda España, entre ellas Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y Zaragoza, contra el progresivo empobrecimiento de los pensionistas y la "maniobra dilatada en el tiempo para acabar con el sistema público de pensiones".